EN OCASIÓN DE LA HORA DEL PLANETA, SOLICITAN A JUECES PROTEGER A LA POBLACION DE LA PROVINCIA PERAVIA DE LOS DAÑOS QUE CAUSARAN LAS PLANTAS DE CARBON
Nota de Prensa,
Domingo, 20 de marzo del 2016,
Santo Domingo, D.N.
Domingo, 20 de marzo del 2016,
Santo Domingo, D.N.
En ocasión de celebrarse ayer La Hora del Planeta, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático solicitó al Tribunal Superior Administrativo que proteja a cien mil personas de Baní y de las demás comunidades de la provincia Peravia de los efectos nocivos a la salud y al medio ambiente que producirá la contaminación de las plantas de carbón que construye el gobierno en Punta Catalina.
En el panel que realizó en la tarde de ayer, los voceros de esta entidad y expositores en la actividad, el profesor Enrique de León y el economista Héctor Turbí, aseguraron que estas plantas causarán una catástrofe sanitaria y ambiental en un radio entre 10 y 30 kilómetros, desde Nizao hasta la cordillera Central, al norte y noroeste de Baní, donde están ubicados los Parques Nacionales Padre Luís Quinn y Máximo Gómez y reserva científica de Leonard Erik Ekman.
Manifestaron que los jueces del Tribunal Superior Administrativo están obligados por el artículo 66 de la Constitución de la República, a proteger los derechos de la población a la salud y al disfrute de un medio ambiente sano, y a anteponer a cualquier consideración de orden político, económico y de cualquier otra índole, el principio de prevención y de precaución ambiental establecido por el artículo 8 de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Explicaron que el principio de prevención y precaución obliga a las autoridades a tomar medidas en materia ambiental hasta la cancelación de proyectos, aún cuando los posibles daños alegados no estén absolutamente comprobados.
“En el caso de las plantas de carbón, estos daños están absolutamente comprobados a nivel mundial mediante estudios científicos realizados por agencias oficiales nacionales e internacionales, por universidades e institutos de investigación, que han provocado el desmantelamiento de estas plantas en EUA, en Europa, China y en muchos otros países”, informaron los expositores.
Confirmaron que el Tribunal Superior Administrativo recibió cinco informes científicos en los cuales se demuestran los daños que causan las plantas de carbón, dos de estos estudios son específicos sobre el proyecto de Punta Catalina, y cuatro fueron elaborados por expertos y organismos internacionales de reconocida acreditación científica.
El 7 de marzo pasado, el Tribunal Superior Administrativo conoció el fondo del recurso de amparo ambiental preventivo interpuesto por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y organizaciones de la provincia Peravia y de otros lugares del país contra las plantas de carbón de Punta Catalina. El tribunal se reservó el fallo para una próxima ocasión sin determinar fecha.
Las organizaciones solicitan en este recurso que el tribunal paralice la construcción de las plantas de carbón y que ordene la sustitución del carbón mineral por gas natural como combustible para estas plantas.
“En el país existe la posibilidad de abastecer de gas natural a esas plantas a través de Andrés, Boca Chica, y es menos contaminant e infinitamente más barato si se toma en cuenta lo que cuesta mitigar y remediar las características inherentes y exclusivas del carbón mineral”, ampliaron los expositores.
Señalaron que estas plantas producirán 175 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de escorias por año, lo que representa en un solo año más de 4 veces todo el rockash o cenizas de carbón que se depositó en el 2004 en Arroyo Barril y Manzanillo, produciendo en esa ocasión una emergencia ambiental y sanitaria en esas comunidades.
Indicaron que el caso del rockash es un precedente que debe guiar al Tribunal Superior Administrativo, porque por este depósito de cenizas de carbón la empresa que trajo al país este material fue obligada por un tribunal de EUA a pagar 6 millones de dólares al gobierno dominicano, y aquí otro tribunal condenó a 6 meses de cárcel y al pago de 10 mil salarios mínimos, al funcionario que autorizó a que se depositara.
Efectivamente estas cenizas y escorias productos de la combustión del carbón contienen múltiples sustancias tóxicas que producen enfermedades respiratorias, como asma y el cáncer de pulmón, enfermedades en la piel, y poseen un nivel de radioactividad superior al normal cuya exposición prolongada puede producir diversos cánceres y alterar el ADN provocando daños genéticos.
Igualmente afirmaron que estas plantas emitirán micropartículas que contienen metales pesados que por inhalación provocarán enfermedades respiratorias como cáncer pulmonar e infartos al corazón y al cerebro, con una tasa elevada de muertes prematuras por año.
Desmintieron al primer vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, en el sentido de que estas plantas evitarán en más de un 90% la emisión de gases tóxicos y estas partículas.
“Según el estudio de impacto ambiental elaborado por encargo de la CDEEE, las plantas de Punta Catalina dispondrán de filtros secos en la chimenea y no los húmedos que son los más avanzados, por lo que apenas retendrán una baja proporción de estas partículas”, comentaron.
Observaron que una cantidad muy significativa de estas micropartículas, las denominadas PM2.5 secundarias, se forman en la atmósfera a partir de los gases ácidos emitidos por las plantas y por tanto no pueden ser retenidas por ningún filtro.
“El propio estudio de impacto ambiental de la CDEEE, admite que al día escaparán a la atmósfera cada día 30 toneladas de dióxido de nitrógeno y de 30 toneladas de dióxido de azufre que son responsables de la formación de estas micropartículas, de lluvias ácidas, neblinas y de smog.
Dijeron que también estos gases, micropartículas y las cenizas contaminarán por el aire, el suelo y el agua, a los cultivos, especialmente a los frutos que cuelgan y a las especies herbáceas, lo que quiere decir que el mango, el café y el cacao, cultivos muy extendidos en esta provincia y que constituyen la columna vertebral de la economía local, serán gravemente afectados.
Los expositores llamaron la atención sobre el irónico y cínico contraste entre el gobierno que conmemora La Hora del Planeta apagando las luces del palacio presidencial, mientras construye las plantas de carbón de Punta Catalina que arrojarán a la atmósfera más de 6 millones de dióxido de carbono al año, el principal gas de efecto invernadero, causante del cambio climático.
Esta emisión de dióxido de carbono aumentará en más de un 20% la huella de carbono del país, causará daños por año valorados en 266.28 millones de dólares (calculados a partir de los criterios de la EPA, Agencia EUA de Medio Ambiente) y finalmente sacará a la República Dominicana entre los receptores de fondos verdes establecidos por la Conferencia Mundial sobre el Clima de noviembre pasado.
En el panel que realizó en la tarde de ayer, los voceros de esta entidad y expositores en la actividad, el profesor Enrique de León y el economista Héctor Turbí, aseguraron que estas plantas causarán una catástrofe sanitaria y ambiental en un radio entre 10 y 30 kilómetros, desde Nizao hasta la cordillera Central, al norte y noroeste de Baní, donde están ubicados los Parques Nacionales Padre Luís Quinn y Máximo Gómez y reserva científica de Leonard Erik Ekman.
Manifestaron que los jueces del Tribunal Superior Administrativo están obligados por el artículo 66 de la Constitución de la República, a proteger los derechos de la población a la salud y al disfrute de un medio ambiente sano, y a anteponer a cualquier consideración de orden político, económico y de cualquier otra índole, el principio de prevención y de precaución ambiental establecido por el artículo 8 de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Explicaron que el principio de prevención y precaución obliga a las autoridades a tomar medidas en materia ambiental hasta la cancelación de proyectos, aún cuando los posibles daños alegados no estén absolutamente comprobados.
“En el caso de las plantas de carbón, estos daños están absolutamente comprobados a nivel mundial mediante estudios científicos realizados por agencias oficiales nacionales e internacionales, por universidades e institutos de investigación, que han provocado el desmantelamiento de estas plantas en EUA, en Europa, China y en muchos otros países”, informaron los expositores.
Confirmaron que el Tribunal Superior Administrativo recibió cinco informes científicos en los cuales se demuestran los daños que causan las plantas de carbón, dos de estos estudios son específicos sobre el proyecto de Punta Catalina, y cuatro fueron elaborados por expertos y organismos internacionales de reconocida acreditación científica.
El 7 de marzo pasado, el Tribunal Superior Administrativo conoció el fondo del recurso de amparo ambiental preventivo interpuesto por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y organizaciones de la provincia Peravia y de otros lugares del país contra las plantas de carbón de Punta Catalina. El tribunal se reservó el fallo para una próxima ocasión sin determinar fecha.
Las organizaciones solicitan en este recurso que el tribunal paralice la construcción de las plantas de carbón y que ordene la sustitución del carbón mineral por gas natural como combustible para estas plantas.
“En el país existe la posibilidad de abastecer de gas natural a esas plantas a través de Andrés, Boca Chica, y es menos contaminant e infinitamente más barato si se toma en cuenta lo que cuesta mitigar y remediar las características inherentes y exclusivas del carbón mineral”, ampliaron los expositores.
Señalaron que estas plantas producirán 175 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de escorias por año, lo que representa en un solo año más de 4 veces todo el rockash o cenizas de carbón que se depositó en el 2004 en Arroyo Barril y Manzanillo, produciendo en esa ocasión una emergencia ambiental y sanitaria en esas comunidades.
Indicaron que el caso del rockash es un precedente que debe guiar al Tribunal Superior Administrativo, porque por este depósito de cenizas de carbón la empresa que trajo al país este material fue obligada por un tribunal de EUA a pagar 6 millones de dólares al gobierno dominicano, y aquí otro tribunal condenó a 6 meses de cárcel y al pago de 10 mil salarios mínimos, al funcionario que autorizó a que se depositara.
Efectivamente estas cenizas y escorias productos de la combustión del carbón contienen múltiples sustancias tóxicas que producen enfermedades respiratorias, como asma y el cáncer de pulmón, enfermedades en la piel, y poseen un nivel de radioactividad superior al normal cuya exposición prolongada puede producir diversos cánceres y alterar el ADN provocando daños genéticos.
Igualmente afirmaron que estas plantas emitirán micropartículas que contienen metales pesados que por inhalación provocarán enfermedades respiratorias como cáncer pulmonar e infartos al corazón y al cerebro, con una tasa elevada de muertes prematuras por año.
Desmintieron al primer vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, en el sentido de que estas plantas evitarán en más de un 90% la emisión de gases tóxicos y estas partículas.
“Según el estudio de impacto ambiental elaborado por encargo de la CDEEE, las plantas de Punta Catalina dispondrán de filtros secos en la chimenea y no los húmedos que son los más avanzados, por lo que apenas retendrán una baja proporción de estas partículas”, comentaron.
Observaron que una cantidad muy significativa de estas micropartículas, las denominadas PM2.5 secundarias, se forman en la atmósfera a partir de los gases ácidos emitidos por las plantas y por tanto no pueden ser retenidas por ningún filtro.
“El propio estudio de impacto ambiental de la CDEEE, admite que al día escaparán a la atmósfera cada día 30 toneladas de dióxido de nitrógeno y de 30 toneladas de dióxido de azufre que son responsables de la formación de estas micropartículas, de lluvias ácidas, neblinas y de smog.
Dijeron que también estos gases, micropartículas y las cenizas contaminarán por el aire, el suelo y el agua, a los cultivos, especialmente a los frutos que cuelgan y a las especies herbáceas, lo que quiere decir que el mango, el café y el cacao, cultivos muy extendidos en esta provincia y que constituyen la columna vertebral de la economía local, serán gravemente afectados.
Los expositores llamaron la atención sobre el irónico y cínico contraste entre el gobierno que conmemora La Hora del Planeta apagando las luces del palacio presidencial, mientras construye las plantas de carbón de Punta Catalina que arrojarán a la atmósfera más de 6 millones de dióxido de carbono al año, el principal gas de efecto invernadero, causante del cambio climático.
Esta emisión de dióxido de carbono aumentará en más de un 20% la huella de carbono del país, causará daños por año valorados en 266.28 millones de dólares (calculados a partir de los criterios de la EPA, Agencia EUA de Medio Ambiente) y finalmente sacará a la República Dominicana entre los receptores de fondos verdes establecidos por la Conferencia Mundial sobre el Clima de noviembre pasado.
COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC
JUSTICIA CLIMÁTICA R.D.
BRIGADA CIMARRONA SEBASTIAN LEMBA.
