*Declaración pública*
*GoldQuest insiste en Romero y la UASD advierte que es la puerta de entrada a una amenaza minera mayor*
_Santo Domingo, República Dominicana · 1 de octubre de 2026_
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo alerta ante la renovada promoción de un distrito minero por GoldQuest en su presentación corporativa de septiembre de 2026 y exige una *respuesta pública inmediata* del presidente de la República y de los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La empresa describe la detención de actividades de Romero como una pausa temporal y vuelve a plantear una ruta de avance y expansión. Esta alerta responde a una nueva actuación pública de la compañía, posterior a la decisión presidencial de mayo, que exige una reacción de las autoridades y de la sociedad.
GoldQuest insiste en sus planes de desarrollo minero y proyecta su continuidad pese a la detención anunciada y al rechazo social expresado. Advertimos que presentar la decisión del Estado como un obstáculo transitorio que será superado constituye, a juicio de esta Comisión, *un desafío a las autoridades dominicanas* y *una provocación a los movimientos sociales y ambientales*. Las demandas de las comunidades y la decisión gubernamental deben tener consecuencias efectivas, que no pueden diluirse mediante una nueva narrativa dirigida a inversionistas.
Reiteramos la posición que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Comisión Ambiental, *ha manifestado de manera constante*: *proteger el agua, la vocación agrícola, la integridad de las cuencas y el derecho de las comunidades a decidir sobre su desarrollo*. Esta posición permanece firme. La oposición al proyecto Romero y a la transformación de la región del Valle en un distrito minero forma parte de una propuesta académica de protección territorial y desarrollo, sostenida en el tiempo.
En su presentación corporativa de septiembre de 2026, publicada en el contexto de su participación anunciada en la convención Precious Metals Summit de Beaver Creek, GoldQuest califica de temporal la paralización dispuesta en mayo. El documento plantea preparar Romero para una siguiente etapa de permisos y ampliar oportunidades más allá del plan minero actual; además, sitúa el proyecto dentro de un distrito emergente de Tireo y señala un cinturón de 50 kilómetros con múltiples objetivos de exploración. Son afirmaciones de la empresa que requieren explicación oficial, no autorizaciones que podamos dar por existentes.
El 4 de mayo de 2026, la Presidencia comunicó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con Romero y precisó que no existía autorización para su explotación. Una presentación ante inversionistas no puede modificar esa decisión ni sustituir los procedimientos públicos. Corresponde al Gobierno aclarar su alcance, las actuaciones permitidas y las medidas de vigilancia. La sociedad tiene derecho a saber si hay algún proceso de reactivación o ampliación que desconozca.
*LA DIMENSIÓN TERRITORIAL EXIGE UNA RESPUESTA INTEGRAL*
El problema no se limita a GoldQuest. *Precipitate Gold* informa que su proyecto Juan de Herrera, adyacente a Romero, abarca aproximadamente 12,706 hectáreas. En el listado oficial figuran, además, Corporación Minera San Juan; Bohio Resources DR y Unigold Resources, con registros que incluyen Elías Piña y se extienden a provincias vecinas; Industrial Geotechnical Services IGS; y solicitudes de Multiservicios Hermes, Advanced Engineering y Mining MISU y E & Y Constructora. Estos titulares y proyectos presentan estados administrativos y tipos de minerales distintos, que deben ser transparentados individualmente.
Nuestra revisión del Listado General de Derechos Mineros de la Dirección General de Minería, actualizado al 17 de julio de 2026, identifica *37 registros* que incluyen San Juan y/o Elías Piña. Abarcan todas las categorías del archivo: solicitudes de exploración y explotación, concesiones otorgadas de exploración y explotación y denuncias mineras. De esos registros, 29 corresponden a minerales metálicos y 8 a no metálicos. La suma de sus áreas completas es de *92,969.27 hectáreas*, distribuidas de la siguiente manera:
• Solicitudes de exploración: *19* registros; *35,548.74 ha*.
• Solicitudes de explotación: *2* registros; *13,987.50 ha*.
• Concesiones de exploración: *13* registros; *38,414.35 ha*.
• Concesiones de explotación: *1* registros; *2,510.00 ha*.
• Denuncias mineras: *2* registros; *2,508.68 ha*.
• *Total*: *37* registros; *92,969.27 ha*.
Las áreas incluyen polígonos que atraviesan límites provinciales y posibles superposiciones. La suma no representa superficie neta dentro del Valle ni área ya intervenida; tampoco significa que existan 37 minas operando. Las categorías reflejan el registro a esa fecha y requieren una actualización oficial pública. Esta dimensión revela una red de intereses y expedientes cuyo efecto acumulativo debe evaluarse a escala territorial.
El hincapié en GoldQuest responde a que solicita la explotación de Romero, expediente U1102, con un área reportada de 3,997 hectáreas. La empresa reúne 15 registros en el conjunto revisado, cuyas áreas suman 19,339.69 hectáreas. Para esta Comisión, Romero constituye *la puerta de entrada* a la transformación minera de la región que la propia empresa anuncia. La gravedad del problema supera ese proyecto: debe examinarse el conjunto de solicitudes, concesiones y otras categorías, incluidos los intereses de las demás compañías.
La consideración de cada proyecto por separado resulta insuficiente para examinar riesgos acumulativos sobre cabeceras de ríos, agua de consumo y riego, biodiversidad, suelos productivos e infraestructura. Exigimos una *Evaluación Ambiental Estratégica regional, previa y con amplia participación social y comunitaria*, que examine alternativas de desarrollo y compatibilidades de uso del territorio. Los estudios particulares deben atender esa dimensión regional.
*EXIGENCIAS AL PRESIDENTE Y A LOS MINISTERIOS*
*Al presidente Luis Abinader le reclamamos que clarifique ante el país si existe intención gubernamental de reactivar Romero, facilitar un distrito minero o reconsiderar la decisión anunciada en mayo*. Solicitamos que informe si ha habido reuniones, compromisos, negociaciones o actuaciones administrativas relacionados con esos objetivos, y que publique sus documentos y fundamentos. *Ningún eventual acuerdo puede mantenerse fuera del conocimiento y del escrutinio de la sociedad.*
Al Ministerio de Energía y Minas le exigimos publicar el estado actualizado de cada concesión y solicitud en San Juan y Elías Piña, con titulares, beneficiarios finales disponibles, áreas, mapas, plazos, prórrogas y actuaciones posteriores a la decisión presidencial. *Debe explicar el trámite de Cachimbo Este* y de cualquier otro expediente relacionado con la expansión anunciada por GoldQuest, así como su compatibilidad con la detención de actividades de Romero.
Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le reclamamos informar qué actividades ambientales, estudios de campo, evaluaciones y trámites se encuentran suspendidos, cuáles cuentan con autorización y con qué fundamento. Debe responder expresamente a la presentación de GoldQuest y explicar cómo vigila el cumplimiento de la decisión gubernamental. Pedimos que se hagan públicos los expedientes ambientales, los términos de referencia y las medidas de protección de las cuencas.
*LA ALTERNATIVA ES PROTEGER Y DESARROLLAR LA REGIÓN DEL VALLE*
Reiteramos la solución propuesta por la Comisión Ambiental de la UASD: declarar toda la región del Valle, integrada por San Juan y Elías Piña, *zona libre de minería, zona especial de desarrollo y de inversión prioritaria*. Esta propuesta debe concretarse mediante los instrumentos normativos, presupuestarios y de planificación correspondientes, con participación vinculante de las comunidades y respeto a la vocación productiva del territorio.
Precisamos que esta propuesta *no consiste en declarar toda la región área protegida* ni en incorporarla íntegramente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Rechazamos que esa figura sustituya la declaración de zona libre de minería que hemos planteado. La protección debe asegurar las *funciones ecológicas, económicas y sociales del territorio*: conservar las cuencas y la biodiversidad, sostener la agricultura y las actividades productivas compatibles, y garantizar vivienda, servicios, participación y condiciones de vida dignas para las comunidades. Las áreas protegidas existentes conservan su régimen propio.
Se requiere inversión pública sostenida en agricultura, agroindustria, empleo, servicios, educación, restauración de cuencas y diversificación económica. La racionalización del agua de riego debe incluir modernización de sistemas, mantenimiento de canales, reducción de pérdidas, planificación de cultivos y fortalecimiento de las juntas de regantes, sin trasladar el costo de la protección ambiental a los productores.
La crisis hídrica que enfrenta el país refuerza esta alerta. En septiembre, el INDRHI informó ajustes en la operación de embalses ante el déficit de lluvias y limitaciones a cultivos de alta demanda hídrica en Sabaneta. Estas condiciones obligan a priorizar el agua para consumo humano, producción de alimentos y conservación de los ecosistemas. No es responsable decidir el futuro de una cuenca sin valorar la disponibilidad del recurso y las demandas que ya soporta.
*LLAMADO A MANTENER LA LUCHA Y EXIGIR INVERSIÓN PÚBLICA*
Advertimos a las comunidades y al país que deben permanecer atentos: *la lucha no puede detenerse* mientras persistan solicitudes, permisos y estrategias capaces de convertir el Valle en un distrito minero. Llamamos a las organizaciones sociales, ambientales, campesinas, religiosas de todas las confesiones, académicas, profesionales y comunitarias, y a la diáspora dominicana, a sostener la organización, la vigilancia y la *presión social pacífica* hasta lograr que toda la región quede libre de la amenaza minera y que se adopten decisiones públicas verificables.
La movilización debe exigir, junto con la protección territorial, políticas públicas y asignaciones presupuestarias suficientes para atender las ingentes necesidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la gente. Nuestra propuesta comprende *una política de inversión y desarrollo para toda la región Sur*, con prioridad para el Valle, objetivos medibles, plazos de ejecución y seguimiento ciudadano. El rechazo a la minería forma parte de ese compromiso positivo con el empleo, la producción de alimentos, el acceso al agua, los servicios y las oportunidades para sus habitantes.
*Reiteramos la posición constante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, expresada por su Comisión Ambiental: mantener la lucha por una región del Valle libre de minería y proteger las funciones ecológicas, económicas y sociales de su territorio. Exigimos una política de inversión y desarrollo para toda la región Sur, con recursos públicos, participación de sus comunidades y resultados que mejoren la vida de su gente.*
*Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo*
