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* Chelsea Manning reveló cómo es la guerra moderna cuando las cámaras no están invitadas. El Ejército la encarceló durante 7 años. ¿Los crímenes de guerra que expuso? Nadie fue acusado. Eso lo dice todo.
En 2010, Chelsea Manning era una analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, destinada en Irak, cuando tomó una decisión que le costaría su libertad durante siete años.
Filtró archivos militares clasificados a WikiLeaks: cientos de miles de documentos que documentaban muertes de civiles, casos de tortura, patrones de abuso y reglas de enfrentamiento que contradecían directamente lo que el gobierno estadounidense decía al público sobre las guerras en Irak y Afganistán.
El video que más tarde se conoció como “Collateral Murder” mostraba a artilleros de un helicóptero estadounidense disparando y matando a civiles, incluidos dos periodistas de Reuters, en Bagdad, y riéndose por radio. Cuando una furgoneta llegó para auxiliar a los heridos —una furgoneta en la que viajaban niños— los artilleros pidieron autorización para volver a disparar y la obtuvieron.
Los informes posteriores indicaban que no se trataba de un hecho aislado ni de un error trágico. Eran patrones, no accidentes.
La respuesta a la filtración fue rápida y contundente.
Fue arrestada en mayo de 2010 y acusada en virtud de la Ley de Espionaje, una norma de 1917 aprobada durante la Primera Guerra Mundial, utilizada posteriormente contra filtradores y denunciantes.
Permaneció recluida en régimen de aislamiento durante meses antes del juicio, en condiciones severamente restrictivas que fueron ampliamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura calificó su trato como “cruel, inhumano y degradante”.
En 2013 fue condenada a 35 años de prisión militar, la sentencia más larga impuesta hasta entonces en Estados Unidos por filtrar información clasificada a la prensa.
El Estado presentó la rendición de cuentas como traición. La transparencia como una amenaza para la seguridad nacional.
El debate público se centró obsesivamente en Manning como persona —sus motivaciones, su estado mental, su identidad de género— en lugar de en el contenido de los documentos revelados.
Fue deliberadamente tratada con el género incorrecto por algunos medios y funcionarios. Ridiculizada. Deshumanizada. Reducida a polémica en lugar de ser reconocida como una denunciante que obligó a la opinión pública a confrontar realidades ocultas tras el lenguaje militar y las negaciones oficiales.
El mensaje era claro: esto es lo que ocurre cuando cuentas lo que sucede.
Mientras tanto, las conductas irregulares y posibles violaciones del derecho internacional humanitario que expusieron los documentos no derivaron en procesos penales públicos contra los responsables directos.
La persona que reveló los hechos fue a prisión durante años. Quienes aparecían en los informes no enfrentaron consecuencias judiciales equivalentes.
Esa asimetría alimentó un debate global sobre el funcionamiento real del poder y la rendición de cuentas.
Las revelaciones de Manning tuvieron un impacto profundo. Reconfiguraron la relación entre el periodismo y la información clasificada. Impulsaron conversaciones internacionales sobre víctimas civiles, transparencia y la distancia entre los discursos oficiales y la realidad sobre el terreno.
Obligaron a plantear preguntas incómodas: ¿cómo se aplican realmente las reglas de enfrentamiento? ¿Cuántos civiles mueren en los conflictos? ¿Qué ocurre con los detenidos en zonas de guerra?
Pero el costo no fue abstracto. Fue personal.
Chelsea Manning perdió años de libertad, privacidad y estabilidad. En 2017, el entonces presidente Barack Obama conmutó su condena tras cumplir aproximadamente siete años de prisión.
En 2019 volvió a ser encarcelada por negarse a testificar ante un gran jurado en un proceso relacionado con WikiLeaks, permaneciendo detenida varios meses por desacato.
Su caso envió un mensaje contundente a quienes manejan información clasificada: hablar tiene consecuencias severas.
La Ley de Espionaje no distingue entre filtrar información a un gobierno extranjero y entregarla a periodistas, ni contempla una defensa explícita basada en el interés público.
En la práctica, los sistemas de clasificación pueden proteger secretos legítimos de seguridad nacional, pero también ocultar errores, abusos o decisiones controvertidas.
Cuando alguien rompe ese muro de secreto, el peso del aparato estatal puede caer con fuerza.
Para muchos, el caso de Chelsea Manning simboliza la tensión entre seguridad y transparencia, entre poder institucional y derecho a la información.
No es una historia simple ni exenta de controversias. Es un episodio que sigue generando debate sobre cómo deben funcionar las democracias, qué papel cumplen los denunciantes y qué precio tiene revelar información sensible.
Chelsea Manning mostró una cara de la guerra que rara vez se ve. El costo fue alto.
Y las preguntas que planteó siguen abiertas.
Fuente: BBC News (“Who is Chelsea Manning and why was she jailed?”, 9 de marzo de 2020
