[Const.Pue
Recibidos
x
Recibidos
22:18 (hace 20 horas)
 | | |||
25 de junio de 2012
Río+20. Perdiendo el tiempo (de actuar)
Veinte años después de Río, se ha celebrado una cumbre que no ha sido revolucionaria como fue la primera. Los gobiernos reconocen con una suerte de alivio que este acuerdo es lo máximo que podían conseguir en estos momentos y sin embargo, está completamente alejado de los desafíos.
Veinte años después vivimos en sociedades mucho más desiguales en casi todo el mundo, con cantidades ingentes de recursos públicos dedicadas al salvamento del sistema financiero, tenemos mucho mayor conocimiento sobre los daños ambientales y somos muchos más conscientes de que los límites del planeta se están cruzando y que no tenemos más que una ventana de oportunidad temporal para cambiar las cosas. Y los gobiernos del mundo por ahora, han decidido ignorarla.
El primer Río fue una cumbre para cambiar el marco teórico de desarrollo, y consiguió acordar justamente eso, un marco para el cambio. Río+ 20 tenía que ser una cumbre de acción. Pero no lo ha sido. Es cierto que el documento es más acertado en cuestiones sociales, en el reconocimiento del rol del mundo del trabajo y la creación de empleo decente de lo que lo fue el documento de Río, y que gran parte de este esfuerzo se debe agradecer a un excelente trabajo de las organizaciones sindicales del mundo, de nuestro trabajo conjunto en los últimos años. El documento reconoce la importancia del trabajo decente, de los derechos laborales, de la protección social, y lo hace una manera mucho más adecuada y coherente que hace veinte años. Sin embargo no hay compromisos concretos en el documento ni para este ni para otros temas.
Y es que en las cumbres internacionales de los últimos años no se sale de la retórica, una mejor o peor retórica, pero no se consigue avanzar en compromisos globales, en acciones concretas, en gobernanza internacional. No hay fechas, ni metas, ni instrumentos vinculantes. El sistema económico sigue basado exclusivamente en el lucro y destruye vidas y ecosistemas, pero los gobiernos se niegan a modificarlo o regularlo. A pesar de la retórica.
Además de manera preocupante Río+ 20 parece refrendar el crecimiento como una idea única, las soluciones ambientales han sido debilitadas, no se sientan las bases para la internalización de costes ambientales y sociales, el corto plazo manda.
Decencia para el empleo pero no inversiones en sectores para salvar el planeta
El empleo estaba llamado a ser un tema fundamental en las discusiones de Río, debido a los efectos de la crisis financiera en el empleo en muchos países. Una de las propuestas que presentaban sindicatos y organizaciones internacionales era la creación de empleos verdes, propuesta que suponía la combinación de la urgencia de crear empleo con la protección del medio ambiente. Desgraciadamente, a pesar de sus posibilidades, la discusión sobre empleos verdes quedó atrapada en las tensiones sobre economía verde que dividían a los países y que era uno de los principales escollos de la negociación.
Aunque la agenda de empleos verdes, es una agenda fundamente de carácter nacional vinculada con la creación de empleos a través de inversiones en sectores sostenibles, el desconocimiento de los negociadores de políticas y realidades laborales y la oposición de algunos países en el avance de la agenda ambiental, tuvo como consecuencia una tímida referencia a este concepto. Más allá de Río+20, la agenda de empleos verdes tiene un futuro prometedor y está llamado a ser uno de los instrumentos fundamentales para el cambio de paradigma.
Afortunadamente, Río+20 sí ha avanzado decididamente en el reconocimiento del tipo de derechos que tiene que traer aparejados el trabajo para ser sostenible desde un punto de vista social y laboral. De hecho, la agenda de trabajo decente, está completamente integrada en el documento final, con la mención específica a los derechos fundamentales, seguridad social y protección incluyendo la salud laboral. También son reseñables el reconocimiento de los trabajadores informales y del trabajo no remunerado, en particular el que desempeñan las mujeres en el avance hacia un desarrollo sostenible, la necesidad de garantizar los derechos migrantes y el lanzamiento de una estrategia de la OIT sobre empleo juvenil.
Hay que felicitarse de que hemos mejorado mucho en estos últimos años en la comprensión de la importancia del trabajo en la agenda de sostenibilidad y porque el trabajo realizado los últimos años haya dado su fruto en Río. Dentro de los límites que supone el resultado de Río+20, en este capítulo se reconocen muy adecuadamente las principales preocupaciones del movimiento sindical.
Oposición a Economía Verde y ausencia de otras soluciones ambientales
El debate que se ha producido estos meses sobre la economía verde ha impedido sin embargo una discusión rigurosa sobre qué economía es necesaria para garantizar la sostenibilidad ambiental. Por una parte los temores de movimientos campesinos e indígenas a perder el control sobre sus recursos naturales, a nuevos embates para privatizar los mismos, la presencia del rol del sector privado, la progresiva financiarización y especulación de nuestras economías, y la insistencia justo en los mecanismos de mercado han generado un rechazo legítimo a algunas de las propuestas de la economía verde. Por otro lado, la falta de voluntad de avanzar en la agenda ambiental por parte de muchos países ha encontrado en este rechazo una excusa perfecta. Al final en Río+20 no existen compromisos para avanzar en regulación ambiental, sobre qué tipo de fiscalidad puede crear sociedades más justas y más verdes, sobre cómo incorporar el medio ambiente a una economía más justa y solidaria. La falta de recursos para apostar por un verdadero cambio de modelo es uno de los problemas fundamentales.
Protección social y ambiental. La implementación inmediata del piso de protección social se escapa.
En los últimos años tanto gobiernos como sindicatos han reconocido el valor absolutamente fundamental de los sistemas de protección social en el desarrollo de un país. El fortalecimiento de los sistemas sociales existentes y la puesta en marcha del llamado Piso de Protección Social (PPS) son defendidos como herramientas para asegurar una protección basada en derechos y evitar sistemas “parches”, mucho más injustos e ineficaces en lo económico y en lo social. De hecho, la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT a través de la Recomendación 202, acordó el marco regulatorio que establece condiciones que deben cumplir las políticas nacionales de protección social básicos.
Este fue uno de los temas que más repercusión tuvo en los diálogos de alto nivel organizados por el gobierno de Brasil, que recomendaron su implementación completa para 2030. En estos diálogos como en la Asamblea Sindical, y se reconoció la necesidad de incorporar progresivamente la componente ambiental en estos sistemas. Algunos de los países con mejores resultados en términos de reducción de pobreza y de crecimiento económico como Brasil, India y Sudáfrica, ya han puesto en marcha políticas en este sentido. Sin embargo, se necesita trabajar aún mucho más. Numerosos estados afectados por el cambio climático, por ejemplo, no podrán pagar sistemas de protección social, si no se toman medidas globales de protección social. Además desde la delegación brasileña se lanzó el concepto novedoso de protección socioambiental. Ambas políticas deben ser ambiciosas y deben estar coordinadas.
El texto de Río+20 llama a un diálogo global sobre sistemas de protección social que integren adecuadamente las necesidades ambientales, sociales y económicas, sin embargo y de nuevo, falta una decisión que traslade este deseo en acción en el corto plazo. En opinión de los sindicatos, estamos viviendo un momento histórico que no podemos dejar escapar. Debemos encontrar voluntades y crear alianzas para conseguirlo. Es el momento de la implementación del piso.
Sin recursos para el desarrollo sostenible, sin medios no hay camino.
En un momento en el que cada día leemos noticias sobre como los gobiernos deciden gastar ingentes cantidades de dineros públicos en mantener un sistema bancario y financiero que ha demostrado no funcionar, las negociaciones de Río+20 se han caracterizado por la falta de voluntad por parte de los mismos de ofrecer fondos para el desarrollo social y ambiental. Esta falta de voluntad ha sido una de las principales razones para la falta de ambición del acuerdo.
Los sindicatos continúan planteando una reforma fiscal profunda que grave a los ricos, a las rentas del capital, y también a la contaminación y reduzca los impuestos sociales. Río+20 ha sido una oportunidad perdida de igual modo para acordar un impuesto a nivel global, la conocida como Tasa a las Transacciones Financieras (TTF), por el bloqueo de un par de países en contra del bien común. La tasa sería una forma de, por un lado obtener recursos para el desarrollo sostenible, y por otra, reducir la especulación financiera.
De todos modos el documento lanza un proceso de negociación para la financiación del desarrollo sostenible que evalúe las necesidades financieras así como los instrumentos y marcos financieros existentes en relación con el desarrollo sostenible.
Lejos de reforzar la gobernanza internacional
Las discusiones sobre qué marco institucional necesitamos para un desarrollo sostenible ha sido una de las áreas peor paradas de la discusión. Tenemos necesidad de un gobierno internacional, es decir de que se acuerden normas y estándares internacionales, pero además que se implanten y se cumplan, que aseguren que los países no superan los límites naturales del planeta (consumo de agua, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc) pero también se aseguren el cumplimiento de derechos humanos, se protejan adecuadamente la salud de los ciudadanos, se aseguren oportunidades de empleo verde y decente para todos, la equidad de género y la educación.
El pilar más perjudicado por esta falta de gobierno internacional es el pilar ambiental. Río+20 tan sólo ha acordado un refuerzo del Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA) con un acuerdo sobre membresía universal. Varios países se oponían a que el Programa se transformara en la Organización de NNUU para el Medioambiente, por el miedo a que la Organización pudiera establecer nuevas condicionalidades ambientales tanto los fondos al desarrollo recibidos, así como abrir la puerta a nuevas barreras comerciales.
Pero para problemas globales y para contrarrestar los estragos de la globalización tiene que haber un gobierno internacional más fuerte, democrático, donde todos los países se encuentren bien representados. Las organizaciones multilaterales tienen que cambiar para que los países pobres y pequeños vean defendidos también sus intereses. En lo medioambiental significa una organzación como interlocutor fuerte y bien formado e informado con la capacidad de integrar las necesidades sociales y laborales adecuadamente. Esperamos que en los próximos años se avance en este sentido.
Además necesitamos más democracia, participación y acceso a la justicia ambiental para la ciudadanía global del desarrollo sostenible. Si en Río+ 20 los principios se reconocen, estamos lejos de una convención global en derecho a la información y la participación, y propuestas como el ombudsman para las futuras generaciones han quedado finalmente descartadas.
Y ahora qué? Los objetivos del desarrollo sostenible
El resultado de Río+20 acuerda lanzar un segundo proceso de negociación con el propósito de acordar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La idea de los ODS ha sido inspirada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que trataban de focalizar los esfuerzos de los países en la reducción de la pobreza a nivel global.
De manera similar, con los ODS se pretende, que a través de la selección de un número limitado de áreas de acción, dirigir los esfuerzos de los países en el avance de la agenda de desarrollo sostenible. Los sindicatos esperan que, como es reconocido por el texto, la creación de empleo con derechos y con una integración apropiada de la variable ambiental, así como el fomento y refuerzo de los sistemas de protección social, formen parte de estos Objetivos.
Otra decisiones sectoriales
En la mayor parte de las gestiones sectoriales los gobiernos han reafirmado y comprometido a cumplir acuerdos previos, acordados ya sea en 1992 en Río o 10 años más tarde en Johannesburgo. Lamentablemente existen muy pocas adiciones a lo ya acordado. Destacamos algunas de las áreas de especial importancia:
- agua
Se reconoce el abastecimiento de agua segura, limpia y asequible y servicios sanitarios básicos como un derecho humano. Se reconoce igualmente la necesidad de aumentar los esfuerzos para una gestión sostenible del recurso. El texto sin embargo no reconoce el rol fundamental del sistema público y el control social en esta gestión.
- energía
Se reconoce como principal objetivo trabajar para asegurar el acceso a fuentes de energía moderna a los más de mil trescientos millones de personas que hoy en día carecen de él. Sin embargo no se prioriza el abastecimiento con fuentes de energía renovable en nuevas instalaciones de energía frente a fuentes de energía fósil. Qué tipo de fuentes energéticas de desarrollen en el futuro, será fundamental para ser capaces de abordar el desafío del cambio climático.
- género
Otro de los capítulos que incluye una muy buena descripción del problema actual así como retórica de que medidas deberían ponerse en marcha es el capítulo que habla de equidad de género y de mejora de la situación de las mujeres. De manera similar al capítulo sobre empleo, los gobiernos reconocen la necesidad de priorizar medidas que promocionen la equidad de género en todas las esferas de la sociedad, desde la igualdad en la participación en las áreas de toma de decisiones hasta la necesidad de alcanzar paridad en los puestos de liderazgo. Sin embargo también en este caso el texto carece de cualquier acción que mejore la vida de las mujeres en el corto o mediano plazo. Una de las decisiones más controvertidas de la negociación tiene que ver con la ausencia del reconocimiento del derecho de las mujeres a salud reproductiva. Varios países, bajo clara influencia del Vaticano, se opusieron a reiterar este derecho, por otra parte ya reconocido en otros órganos de Naciones Unidas.
