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Desde inicios del mes de febrero de 1968, el gobierno estaba hostigando la UASD. Entre otras acciones, la Policía Nacional cumpliendo “ALTAS ÓRDENES SUPERIORES” comenzó a confiscar los autobuses que transportaban los estudiantes universitarios, con el propósito de boicotear el semestre académico.
Estas actividades represivas perseguían que la inasistencia de la mayoría de los estudiantes, provocara el cierre de la institución. Esta medida policial afectaba los estudiantes de menos recursos económicos, los cuales debían recorrer largos trayectos para recibir sus clases y para retornar a sus hogares en horas nocturnas en una ciudad altamente insegura.
El primero de Febrero el Rector Castaños Espaillat en una concentración de la familia universitaria, destacaba la insensibilidad del gobierno, el cual redujo sensiblemente la asignación de recursos a la academia. Destacó el nuevo carácter plural y la política de puertas abiertas de la universidad, a todo aquel que quisiera estudiar y superarse.
En 1966 un importante grupo de profesores, estudiantes y empleados agrupados en el MOVIMIENTO RENOVADOR había desplazado las autoridades ultraderechistas y elitistas que todavía en esa época, levantaban doctrinas académicas retrógadas y autoritarias. Los sectores cívico-militares que apoyaban los conservadores expulsados de la UASD, arreciaron sus ataques, que se conjugaban con restricciones en los recursos financieros.
Para ese momento el gobierno entregaba mensualmente 300 mil pesos, los cuales eran insuficientes para atender adecuadamente a 8 mil estudiantes que cursaban 40 carreras.. Para enfrentar la situación, la Universidad reclamaba una asignación mensual de medio millón de pesos.
El 9 de febrero de ese 1968 la UASD tenía programado realizar un mitin en el parque Rosa Duarte en apoyo a sus reclamos, para lo cual solicitó al a la Secretaría de Estado de Interior y Policía, el permiso correspondiente, amparándose en el Artículo 7 de la Constitución, relativo a las libertades públicas y de expresión, los cuales-argumentaba la Universidad-debían ser garantizados por el Estado. La respuesta fue la prohibición del acto, militarización del parque y fuerte patrullaje en toda la capital, además de continuar la incautación ilegal de autobuses universitarios.
La actividad del parque Rosa Duarte, era una especie de “calentamiento”, previo a la gran “marcha del pueblo” al palacio nacional, programada para el 14 de Febrero de ese año. Estos acontecimientos ocurrían en un clima de creciente efervescencia política dentro de los cuales pueden citarse la desaparición del Coronel Caamaño en Londres, ocupación de locales sindicales, la desaparición del abogado Guido Gil, las torturas a presos políticos, persecución y muerte de opositores, sumado al anuncio del Partido Revolucionario Dominicano de no participar en las elecciones de mayo próximo.
El gobierno diseminó el rumor de un supuesto Golpe de Estado “de la derecha” y movilizó miles de efectivos militares en todo el país. El Presidente Balaguer al ser cuestionado en La Vega el 10 de febrero sobre la retención de los 5 autobuses de la UASD, declaró: “un mes basta para que la policía termine esa investigación”. Apuntó que en menor tiempo posible deben ser devueltas. También planteó excusas que imposibilitaban cumplir las demandas financieras de la universidad.
El día 12 una comisión de la UASD integrada por el Vice-rector Fernando Morbán Laucer y los profesores Alberto Rincón y Tirso Mejía Ricart, se reúnen en el palacio nacional con un alto funcionario del gobierno, el cual-en nombre del Presidente Balaguer-les comunica que la situación financiera de la UASD se resolverá luego de las elecciones universitarias. El Presidente señalaba que la marcha era una medida de presión, que contravenía el clima de paz.
En la tarde del lunes en una extensa comunicación el Secretario de Estado de Interior y Policía, Carlos Rafael Goico Morales, expone las razones por las cuales se prohíbe la marcha de la familia universitaria al palacio nacional.
En respuesta a la negación del permiso, el Consejo Universitario de la UASD decide el martes 13 de febrero posponer la caminata para una fecha posterior al 15 de febrero, luego de las elecciones de las nuevas autoridades de la institución.
Estudiantes, empleados y numerosos profesores protestan esta decisión. Se producen manifestaciones dentro del recinto y una asamblea decide realizar la marcha al día siguiente y permanecer en el recinto para evitar sorpresas. Los grupos estudiantiles y la FED reclaman el apoyo de la marcha a todas las organizaciones democráticas de la nación.
Ese mismo día, la universidad es rodeada por varias decenas de policías, pero sin incidentes de importancia. Los editoriales de la prensa conservadora-con subterfugios-se alinearon y apoyaron la inflexible postura del régimen.
