Lo anterior ante la ley aprobada la semana pasada en Washington que busca poner fin a la guerra entre las potencias económicas.
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Este lunes China prohibió a los buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong como respuesta a una ley aprobada la semana pasada en Washington sobre la excolonia británica, que de acuerdo con Beijing fue una interferencia flagrante en sus asuntos internos por apoyar las protestas en Hong Kong.
La portavoz de la Cancillería, Hua Chunying, mencionó que también varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) con sede en Estados Unidos, incluida la Fundación Nacional para la Democracia para los Asuntos Internacionales, el Instituto Republicano Internacional, Freedom House y Human Rights Watch (HRW), serán objeto de sanciones por parte de China.
Según China esas ONGs “apoyan el movimiento anti-China” en Hong Kong y “les animan a comprometerse en actividades violentas y criminales e instigar estas actividades separatistas”, destacó China Daily.
El gigante asiático las responsabiliza por el caos en Hong Kong y deben ser sancionadas y pagar su precio. Hua dijo que China urge a los Estados Unidos a “corregir sus errores” y a “dejar de interferir” en los asuntos internos del país asiático.
Además señaló el portavoz que tomarán más medidas si es necesario, y defenderá la prosperidad y la estabilidad en Hong Kong, así como la soberanía nacional del país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles pasado una ley legislativa del Congreso que apoyó a los manifestantes, a pesar de la condena de China, con la que busca un acuerdo para poner fin a una guerra comercial entre las dos potencias económicas.
Esta ley también compromete a Estados Unidos a vigilar que las libertades civiles de Hong Kong sean garantizadas y detallar a través del reporte anual los puntos donde la fragmentación de la autonomía del territorio podría atentar contra la alianza de cooperación entre ambas regiones.
Cabe recordar que Hong Kong registra una serie de manifestaciones que comenzaron el 9 de junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición, ya retirado por el gobierno, pero que se convirtió en una denuncia por la falta de libertades y reformas democráticas.