Tras el cambio de mando en 2020, la democracia dominicana quedó huérfana de contrapesos.
El fenómeno es penoso: el fiscalizador se hizo funcionario y el discurso crítico se canjeó por el presupuesto.
La estrella de esta metamorfosis es Faride Raful. La "fiscalizadora" que desde el Congreso y los medios desnudaba cada préstamo gubernamental, hoy encabeza el Ministerio de Interior y Policía.
Su otrora trueno contra la inseguridad y el endeudamiento es hoy un discreto silencio administrativo.
A este esquema se suma Milagros Germán, cuyos ácidos editoriales en sus programas de televisión eran el azote del poder; hoy, esa combatividad se disolvió en el protocolo ministerial.
Igual camino recorrieron Juan Bolívar Díaz, referente ético hoy Embajador; y los actuales portavoces palaciegos Andrés L. Mateo, Homero Figueroa y Daniel García Archibald.
El vacío se extiende a voces como Diana Lora, que pasó de la inquisición radial a la nómina estatal; Marino Zapete, cuyo martillo contra la corrupción se pausó bajo el cobijo oficialista; y la prestigiosa Margarita Cordero, hoy absorbida por el engranaje administrativo.
Pero el desencanto mayor es el de la Marcha Verde. Rostros de "sociedad civil" como Carlos Pimentel, Pavel Isa Contreras, Olaya Dotel y cuadros de Participación Ciudadana, transitaron de las plazas a los despachos del erario.
Esta doble moral —instrumentalizar la indignación ciudadana como moneda de cambio político— anula la lucha social.
República Dominicana extraña a sus periodistas y activistas "auténticos".
Mientras la comunicación sea un atajo hacia el cargo, seguiremos huérfanos de esos vigilantes que prefirieron la paz de la nómina a la firmeza de su palabra.
