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El Tribunal Permanente de los Pueblos reclama en Ginebra responsabilidad jurídica para las transnacionales
Enviado por AraInfo | Achencia de Noticias d´Aragón el 23 junio, 2014
El Tribunal Permanente de los Pueblos se celebra hoy en Ginebra para reclamar el acceso a la justicia frente a violaciones de derechos humanos y delitos ecológicos. Ocho corporaciones son juzgadas simbólicamente por abusos cometidos en diferentes lugares del mundo, desde la Amazonía ecuatoriana hasta Suráfrica. El tribunal se organiza en paralelo a la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que 85 países reclaman un instrumento vinculante para responsabilizar jurídicamente a las corporaciones transnacionales.
El actual marco político de Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos se basa en directrices no vinculantes y no en obligaciones legales. La realidad es que ese cumplimiento voluntario se ha traducido en violaciones sistemáticas del derecho de acceso a la justicia para analizar prácticas de corporaciones transnacionales. Por eso una iniciativa impulsada por Ecuador y respaldada por 85 países reclama ante el Consejo de Derechos Humanos normativas vinculantes. Esta iniciativa se enfrenta a la oposición de la Unión Europea, Japón o Estados Unidos, países en los que muchas de las transnacionales tienen su sede social.
Paralelamente, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que participa un representante de Ecologistas en Acción, testigos de esos abusos exponen hoy sus casos frente a juristas, académicos y expertas de todo el mundo. Hablarán víctimas de la contaminación por hidrocarburos causada por Chevron en la Amazonia ecuatoriana y por la Royal Dutch Shell en Nigeria, damnificados por las prácticas de la minera suiza Glencore en Filipinas, Perú, Colombia, República Democrática del Congo y Zambia y la minera canadiense Pacific Rim en El Salvador y de la minera británica Lonmin en Suráfrica, y también se expondrán los casos de vulneraciones de los derechos humanos por parte deCoca-Cola en Colombia, por la compañía de agua israelí Mekorot en Palestina y por las operaciones de la hidroeléctrica Hidralia, empresa española, en Guatemala. Los testimonios muestran la necesidad de crear un tratado que proporcione acceso a la justicia frente a las empresas transnacionales.
La sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP-, ha sido organizada por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en la que participan activamente desde el Estado español Ecologistas en Acción, Entrepueblos, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina, Col·lectiu RETS e Ingeniería sin Fronteras.
El jurado del tribunal está conformado personas expertas en las temáticas de los casos: la abogada Dora Lucy Arias de Colombia, el profesor de Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta del Instituto HEGOA en Euskal Herria, Adriana Martínez Rodríguez, profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francesco Martone, jurista y ex senador italiano, Roberto Schiattarella, profesor de Economía y vicepresidente de la Fundación Lelio Basso, Beverley Keene, economista y ex-coordinadora de la red latinoamericana Jubileo Sur y Renata Reis, abogada y experta en Derechos de Propiedad Intelectual y Salud Publica.
Sobre la Campaña Global
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad fue creada en junio 2012, para promover acciones de solidaridad entre movimientos sociales y redes existentes locales y nacionales, con el fin de aumentar la visibilidad de las campañas sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
Acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue establecido el 24 de junio de 1979 por Lelio Basso, abogado, senador y uno de los redactores de la constitución italiana. Es un tribunal de opinión, se basa en la Declaración de Argel sobre el Derecho de los Pueblos del año 1976 y se inspira en las experiencias de los Tribunales Russell en Vietnam (1966-1967) y las dictaduras en América Latina (1974-1976). Tiene como objetivos aumentar la conciencia pública sobre las deficiencias jurídicas que afectan a las comunidades marginadas, y por otro lado reconocer y reparar las violaciones de derechos humanos de los Pueblos que no son vistos como sujetos de derechos.
