¿En qué poderes presidenciales se basó Trump para ordenar el asesinato del general Soleimani que llevó a EE.UU. e Irán al precipicio de una guerra abierta?
Serían muchas las “razones” que llevaron al presidente de EE.UU., Donald Trump, a desear la eliminación del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Soleimani; sin embargo, lo que no está muy claro son sus argumentos legales sobre los que se fundamentó para ordenar asesinar a este militar persa en Bagdad, la capital iraquí.
La madrugada de 3 de enero, Soleimani y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, y varios otros compañeros cayeron mártires en un ataque aéreo de EE.UU. contra los vehículos en los que viajaban cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.
Horas después de la matanza, el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) confirmó que el mandatario estadounidense emitió la orden mortal con el objetivo, según alegó el propio Trump, de “disuadir a Irán” y proteger los intereses de EE.UU. en el oeste de Asia.
Desde ese momento, todas las miradas estuvieron dirigidas a Trump para ver qué decía sobre su controvertida orden; si bien, como era de esperar, giraría en torno a su habitual discurso antiraní con el que intenta explicar diversos asuntos a la opinión pública desde que tomó el poder en 2017.
Es curioso que, días después del funesto atentado en el aeródromo de Irak, Trump dijera a sus seguidores y donantes en su resort de Mar-a-Lago (Florida) que había mandado matar al notable militar persa, porque este había dicho “cosas malas de EE.UU.” y supuestamente representaba un peligro para la vida de los miles de soldados estadounidenses desplegados en el oeste de Asia, a más de 12 000 km de distancia de las fronteras de Estados Unidos. Esto, pese a que Soleimani destaca como una figura crucial y reconocida por su papel en la lucha contra el terrorismo regional en los últimos años.
El punto es que estas declaraciones no las formuló ni ante el Congreso ni ante la opinión pública de su país, sino que ante un puñado de sus simpatizantes que, a golpe de talonario, buscan apuntalar las posibilidades de la reelección del magnate neoyorquino en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, según recogió el pasado 18 de enero un informe del diario The Washington Post, que hizo eco de una grabación de los comentarios de Trump realizados en el sur de Florida.
Ante la galopante presión mediática de los medios de comunicación estadounidenses para que se aclarara los motivos de tal crimen selectivo, Trump estuvo presentando inverosímiles relatos para justificar la misión contra Soleimani y sus acompañantes caídos.
De hecho, hasta el propio el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, llegó a admitir que no había visto ninguna “prueba” concluyente de lo que aseguraba el gobernante republicano, quien inicialmente había sostenido que el comandante persa planeaba ataques indiscriminados contra objetivos estadounidenses y luego precisó que Soleimani quería “volar” la embajada en Bagdad y más tarde habló de planes contra otras misiones.
Pasados los días y viendo que nadie se creía sus cuentos raros y sin fundamentos, el mandatario republicano confesó que “realmente no importaba” cuáles eran las razones que le llevaron a ordenar tal operación militar.
Es aquí donde uno se cuestiona cómo es posible que un presidente electo por mandato democrático del sufragio universal que le confiere poderes constitucionales a su persona puede llegar afirmar con esta prepotencia que a nadie le importa las decisiones que toma en el Despacho Oval y más cuando se trata de asuntos tan importantes, como el asesinato del destacable general iraní, que pudo desencadenar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, con impredecibles consecuencias no solo para la región sino para el resto del mundo.
Es muy grave que el mandato del pueblo estadounidense conferido a sus presidentes, sea Trump u otro dirigente de esta nación, que se jacta de ser la cuna de la implementación de la teoría política de la democracia moderna, haya sido usado para permitir, sin titubeos, mandar a sus fuerzas militares llevar a cabo asesinatos selectivos, orquestar golpes de Estado o intervenir en guerras a miles de kilómetros de sus fronteras.
No está claro lo que ocurre en EE.UU., pues desde su fundación, en 1776, no se sabe en qué preceptos se han valido los sucesivos presidentes de esta nación para tomar decisiones como mandar a eliminar a sus adversarios o enemigos políticos o militares, tanto dentro como fuera de sus fronteras. De hecho, la situación venía colmando desde hace casi 200 años, de ahí que el mandatario estadounidense Gerald Ford (1974-1977) emitiera un orden que prohibía los “asesinatos políticos”, pero dejando el significado de ese término confuso y que sus sucesores han convertido la prohibición en poco más que palabras sobre papel.
Como se ha explicado recientemente en el diario The New York Times, la Administración de Ronald Reagan (1981-1989) argumentó que solo los asesinatos “ilegales” contaban como asesinatos, una definición que desde entonces se ha mantenido. El problema surge precisamente aquí cuando los equipos jurídicos de la Casa Blanca determinan cuándo el Gobierno estadounidense tiene el poder de matar a alguien en el extranjero, apuntó el rotativo neoyorquino.
Este es justamente una especie de razonamiento circular que hace que el uso del poder del Ejecutivo responda principalmente a quienes lo manejan, es decir al presidente de EE.UU., y su círculo más allegado; y es aquí donde uno se percata que está es exactamente la máquina de matar que Trump ha heredado de sus predecesores y la está desplegando imprudentemente en su retórica belicista contra Irán para huir hacia delante, justo cuando tenía que enfrentarse a un juicio político en el Senado de EE.UU. que pone en peligro sus aspiraciones de reelección.
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