Noticias sobre conflictos mineros
¿CÓMO NOS GOLPEARÁ LA INEXORABLE ESCASEZ MUNDIAL DE AGUA?
- Categoría: Perú
- Publicado: Miércoles, 01 Junio 2016 18:49
- Autor: CooperAcción
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30 mayo 2016
Nylva Hiruelas
Año 2030. El 60% de la población mundial tendrá problemas de abastecimiento de agua, dando lugar a la aparición de "conflictos hídricos". Esta catastrófica predicción la realizó el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el informe Tendencias mundiales 2030: nuevos mundos posibles. Sin embargo, no hace falta realizar un viaje futurista para ver que varios países latinoamericanos, entre ellos Perú, se han adelantado a los pronósticos. La mitad de los conflictos mineros durante el periodo 2005-2013 fueron por el agua. La escasez y mala calidad del agua por la minería son los principales reclamos que subyacen en conflictos como Conga, Espinar o Tía María que sacuden el país dejando centenares de heridos y decenas de muertos
¿Cuál es el futuro del agua en Perú? Un nuevo estudio dirigido por las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez demuestra que tras la contaminación y la elevada conflictividad se esconde una deficiente gestión del agua marcada por la falta de información y fiscalización.
Agua, elemento estratégico
Que el agua es un elemento decisivo resulta evidente; razón de ello es que el gerente General de Buenaventura -accionista de Yanacocha, primera compañía de oro de Sudamérica, y tercera del mundo- Roque Benavides, escribió en el mes de marzo un artículo en el diario El Comercio titulado "Elecciones, minería y agua" donde considera que este tema no ha sido abordado "como se merece" y sostiene que el "el agua debe ser un tema central en las propuestas de los candidatos, y desde luego, en la agenda del próximo gobierno". Perú encabeza los ranking mundiales de exportación minera, a pesar de la caída del sector por el descenso del precio de los minerales en el mercado internacional; se prevé que para los próximos 20 años, la demanda de agua por la minería se incrementaría en un 132%, de acuerdo a una investigación publicada por la fundación Heinrich Böll.
En un país que está posicionado entre los veinte del mundo con más agua dulce pareciera difícil que enfrente problemas por este recurso. Sin embargo, este dato oculta una compleja realidad donde la geografía, el cambio climático y la minería consumen este recurso. Tan solo el 2,3% del agua disponible se encuentra en la costa y en la sierra. 14 millones de hectáreas están concesionadas a la minería en las zonas alto andinas, donde se ubican glaciares que alimentan a los ríos en temporada seca. Pero, estas enormes masas de hielo se están calentando por el cambio climático que ya ha logrado derretir, en los últimos 30 años, 7 mil millones de metros cúbicos, equivalente al consumo de agua en la ciudad de Lima durante 10 años, de acuerdo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Preocupante falta de información
El informe de las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo", analiza, en particular, dos zonas emblemáticas en Perú: la Cuenca del Río Grande (Cajamarca) y Espinar (Cusco), donde opera desde el 2006 la minera Glencore Xtrata -que controla el 50% del mercado mundial de cobre-. Los impactos y problemas descritos por los pobladores son compartidos: escasez y reducción de la calidad del agua por la minería. También describe el sometimiento de los campesinos a la minera pues, pues en época seca, dependen del agua que bombea la empresa, ya que ésta al realizar un tajo en la tierra, no permite que infiltre agua al subsuelo. Especialmente alarmante resulta la situación de los pobladores de Espinar que denuncian vivir contaminados con metales pesados, un caso que ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Medir los impactos de la minería sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos en Perú es difícil, debido a la falta de estudios estatales sobre éstos. Todavía no se conoce el total de agua que discurre por las 159 cuencas que existen. Ni siquiera es posible en muchos casos determinar si las mineras han secado lagunas o manantiales, como pobladores de las zonas mineras denuncian, pues la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no cuenta con registros previos de determinadas zonas, en algunos casos, solo cuenta con los estudios de impacto ambiental que presentan las mineras- que en más de una ocasión han sido cuestionados por investigadores al considerar que responden a los intereses de la empresa. Hasta el 2014, las instituciones manejaban información sobre caudales de ríos de más de 20 años de antigüedad. Recién , desde el año pasado se ha iniciado una evaluación de los recursos hídricos en cada cuenca.
"Estamos llevando a cabo una evaluación de los recursos hídricos en cada cuenca. Uno de los problemas que adolece el país es la carencia de estructuras de control. No tenemos control total de la captación de los recursos hídricos de distintas fuentes, eso es algo sobre lo que se quiere ir trabajando a efectos de tener un control propio sobre la distribución de los recursos hídricos ", explica Wilfredo Jazer Echevarría, director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua (ANA).“La autoridad del agua hasta ahora no tiene la capacidad para saber cuáles son los usuarios de agua sobre todo en la parte andina (población) ni cuánta agua usan, ni cuánta agua hay. Lo más grave es que no se está haciendo ese esfuerzo en zonas que son estratégicas como son las mineras, y sin embargo, sobre ese desconocimiento se otorga licencias de agua a las mineras”, explica Vanessa Schaeffer, abogada especializada en temas ambientales de CooperAcción.
Opacidad
La falta de transparencia es otro de los graves problemas. Según señala el estudio, la ANA deniega, dilata y omite entregar información sobre los derechos de uso de agua, más aún si se trata de los expedientes técnicos de proyectos mineros. Los expedientes de uso de agua de gigantes como Yanacocha y Xtrata-Tintaya se desconocen. Al solicitar el ciudadano información en las zonas de explotación, es remitido a las oficinas de Lima. La opacidad que envuelve este tema genera dudas y suspicacias sobre el rol que desempeña la autoridad.
El informe también cuestiona el procedimiento para entregar los derechos de uso de agua a grandes mineras, pues las autoridades nacionales no evalúan el impacto que tiene la entrega de estas licencias sobre otros pequeños campesinos que habitan en la misma cuenca. “El debate está cerrado y controlado por las mineras, así ellos te presentan la solución que más les conviene a ellos. Esto no es sólo un tema de represa. Hay que abrir el diálogo a otros temas y ver otros ángulos que está siendo invisibilizados, por ejemplo, el agua pasa a ser controlado por grandes corporaciones, generado relaciones de poder. Además, ¿Quién va a asumir los costos después de que la minera se vaya? ¿Cómo se asegura el derecho a la calidad del agua a las poblaciones? No existen estudios que describan con detalle el impacto de la minera en la hidrogeología. ¿Cómo se entregan los derechos de uso de agua a las mineras? No existe transparencia en las instituciones del Estado", comenta Ruth Preciado.
La minería recurre al dato de que tan sólo emplea el 2% del agua nacional para defenderse de las voces críticas. Investigadores como Ruth Preciado recuerdan que esta cifra data de 1979, cuando la minería representaba tan sólo el 12% de las exportaciones, mientras que en la actualidad supone más del 50%. Por otra parte, Patricia Urteaga, docente de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), considera falaz este dato porque el impacto del agua sobre la minera se debe mirar más de cerca, a nivel de cuenca.
El reciente informe publicado por Water International ("Lessons from Yanacocha") arroja datos reveladores y contradice a la minería. "En la práctica, el agua es priorizada para los intereses económicos de Yanacocha. La minera usa el 34.2% del agua que demanda la cuenca Maschon-que provee el 70% del agua para la ciudad de Cajamarca”. Diana Vela-Alameida, coordinadora del documento, califica como "dramática" la reducción del agua subterránea y sostiene que estos impactos, que "constituyen una seria barrera a la sostenibilidad del agua en la región", son "resultado de regulaciones permisivas, la inexistencia de información pública y a permisivas autoridades del agua que no han sido capaces de que Yanacocha rinda cuentas".
Fiscalización débil
Aunque no se cuente con cifras oficiales, existen estudios que han tratado de medir el impacto económico y ambiental sobre los recursos hídricos de la minería. Según una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica (PUCP) el costo de la contaminación minera durante el periodo 2008-2009 ascendió a un total de 1.263,5 millones de dólares. Además, CooperAcción maneja un registro de más de 6.800 zonas contaminadas (pasivos) por esta actividad extractiva.
El ejemplo de Espinar, en Cusco pone entredicho el papel fiscalizador del Estado sobre los recursos hídricos. “El monitoreo de las aguas es parte de la gobernanza caótica y desordenada de gestión de las aguas en Perú. Hay muchas instituciones que tienen competencia en este tema pero que no coordinan entre sí a pesar de tener por objetivo cuidar la calidad del agua”, explica Schaeffer. Respecto al agua para el consumo humano se encarga la Dirección Regional de Salud (DIRESA); en el caso de calidad es la Autoridad Nacional del Agua (ANA); para el caso de vertidos y límites máximos permisibles, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El músculo sancionador de este último organismo también fue debilitado con la aprobación de la Ley 30230. Una investigación del medio Convoca reveló que el Estado dejó de cobrar hasta 30 millones de soles en multas mineras.
Las mineras deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental al MINEM, el cual solicita opinión técnica a la ANA. Este es uno de los principales nudos que señala el estudio pues detecta falta de capacidades para analizarlos. ¿Cómo contrastan las instituciones del Estado los EIA si no cuentan con suficientes estudios? Los tiempos para la revisión de los EIA son escasos, sobre todo desde la promulgación durante el Ejecutivo de Humala de una serie de normativas, calificadas por la sociedad civil como “paquetazos ambientales”, que reducen la evaluación de 120 días a 83 días en el sector de energía y minas.
Estos estudios, llevado a cabo por grandes consultoras-cuyo precio para la gran minería supera el millón de dólares- no son ajenos a los intereses de las empresas. Investigaciones periodísticas han revelado frecuentes conflictos de interés que existen, sobre todo, en el caso de funcionarios públicos captados por las empresas. Una vez aprobados los EIA, no es la Autoridad Nacional del Agua quien tiene competencias para informar, sino que, sorprendentemente, es la misma empresa la que en una audiencia pública ofrece explicaciones a la población.
El peligro del drenaje ácido de rocas
Ruth Preciado expresa además su preocupación sobre un tema del que nadie debate en Perú: el peligro del drenaje ácido de las rocas, que de suceder, podría contaminar una cuenca durante 400 años o incluso más. En Estados Unidos ya se han podido comprobar sus efectos: la contaminación permanente con metales ha contaminado acuíferos, matado peces y destruido la fauna silvestre, además de crear riesgos para la salud a largo plazo. El drenaje ácido es la primera causa de contaminación del agua de 40 minas de rocas desde Alaska hasta el Sur de Carolina, de acuerdo a un informe del 2013 de la organización Earthworks.
Lo más peligroso y que debería encender la alerta roja es que, ni siquiera muchos EIA analizan esta posibilidad. El investigador estadounidense Jim Kuipers informó que de 25 EIA que analizaron un equipo de investigación estadounidense, el 52% de estos no predijeron el drenaje ácido de rocas que, algunos años después, se desencadenaron. Otra cuestión que supone un dolor de cabeza para muchos investigadores es qué sucede si este problema aparece después de cerrar el proyecto minero ¿Quién asumiría la responsabilidad de recuperar la zona y compensar por los daños sociales y económicos para la población?
Los dos candidatos en campaña, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, han prometido una minería responsable e incluso la presidenta de Fuerza Popular ha afirmado que se dará agua a este sector "solo si sobra", sin embargo, poco se sabe de las propuestas para ponerlo en práctica. El nuevo presidente o presidenta tendrá la llave para abrir la puerta hacia una senda ya emprendida, o hacia otras que muestren cauces alternativos.
Foto: Alerta Catástrofes
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