El mundo no atraviesa una crisis más dentro de los ciclos habituales del sistema internacional. Lo que estamos presenciando es un reordenamiento profundo, casi geológico, de la estructura del poder global. Las placas que durante décadas sostuvieron una aparente estabilidad, el dominio económico occidental, la ilusión de progreso continuo, la promesa de integración al mercado mundial, se desplazan, colisionan y se fracturan. Este movimiento es cada vez más ruidoso e inmediato, con consecuencias son irreversibles. En ese contexto de transformación brutal, Uruguay aparece como un país detenido en el tiempo, aferrado a un relato que ya no se corresponde con la realidad material que lo rodea.
La negación opera como mecanismo defensivo de una sociedad que envejece. No se trata solo de un envejecimiento biológico, sino también político, cultural y simbólico. Uruguay se mira a sí mismo con categorías del pasado, con una confianza heredada de un Estado de bienestar que ya no existe y de un orden mundial que dejó de garantizar estabilidad a los países periféricos. Mientras el mundo acelera, el país desacelera, y esa asimetría se paga con marginalidad estructural.
El declive demográfico es quizá el indicador más crudo de esta decadencia. Las estadísticas revelan una realidad imposible de disimular, nacen menos personas de las que mueren, año tras año. La base poblacional se estrecha, mientras la cúspide se ensancha. Esta inversión de la pirámide demográfica no es solo un problema previsional o fiscal; es una señal de agotamiento social. Un país que no se reproduce es un país que ha perdido la expectativa de futuro. Sin nuevas generaciones suficientes, se erosionan la creatividad, la innovación y la capacidad de sostener un proyecto colectivo.
La disminución sostenida de la población económicamente activa profundiza este cuadro. Cada vez menos trabajadores deben sostener a una población inactiva creciente, lo que vuelve inviable cualquier sistema de redistribución. Esta tensión no es coyuntural, es estructural, y ningún parche técnico puede resolverla sin un replanteo profundo del modelo económico y social. Sin embargo, ese debate no ocurre. Se posterga, se diluye o se oculta detrás de discursos tranquilizadores que ya no convencen.
A la crisis demográfica se suma un fenómeno igualmente devastador, la expulsión sistemática de la juventud. Uruguay invierte recursos en educación, formación y capacitación, pero no ofrece un horizonte donde ese capital humano pueda desplegarse. Jóvenes profesionales, técnicos y trabajadores calificados emigran no por deseo, sino por imposibilidad. El país se convierte en una plataforma de formación para el exterior, mientras se vacía internamente de energía transformadora. Esta fuga no es anecdótica; es una sangría silenciosa que compromete cualquier posibilidad de renovación estructural.
Quienes se quedan, especialmente en los sectores más vulnerables, enfrentan una realidad aún más dura. El avance de las drogas, y en particular de la pasta base, no puede analizarse como un problema moral ni exclusivamente criminal. Es la expresión extrema de una sociedad que ha abandonado a parte de su población. Allí donde no hay trabajo, ni educación de calidad, ni expectativas reales, la droga funciona como escape y como condena. La autodestrucción no es una elección libre, es una consecuencia social.
El Estado, lejos de ofrecer una respuesta integral, administra el desastre. La política pública oscila entre el asistencialismo crónico y la represión punitiva. Subsidios que garantizan supervivencia, pero no dignidad; cárceles que se llenan, pero no resocializan; operativos que exhiben control, pero no transformación. La superpoblación carcelaria no es un error del sistema, sino parte de su lógica, gestionar la pobreza mediante el encierro. Así se consolida una cultura carcelaria que atraviesa los barrios, moldea subjetividades y naturaliza la violencia como lenguaje cotidiano.
En el plano político, la ausencia de un proyecto nacional es cada vez más evidente. No hay una estrategia clara de desarrollo, ni una lectura realista del lugar que Uruguay ocupa, y podría ocupa, en un mundo en disputa. Las expectativas depositadas en el actual gobierno se erosionan rápidamente. Las promesas de cambio se diluyen en una práctica de continuidad, moderación y subordinación. El desencanto no genera rebeldía, sino resignación, y la resignación es el terreno más fértil para el estancamiento.
Mientras tanto, el contexto internacional se vuelve cada vez más hostil para los países pequeños y dependientes. El mundo entra en una fase de competencia feroz por recursos estratégicos, agua, tierras fértiles, energía, minerales. Las corporaciones transnacionales actúan como brazos ejecutores de esta disputa, avanzando sobre territorios con el respaldo, explícito o implícito de Estados débiles o cómplices. La explotación se presenta como inversión; la pérdida de soberanía, como modernización; el saqueo, como desarrollo.
Uruguay, carente de una estrategia soberana, se ofrece como espacio de extracción antes que como sujeto político. No defiende su territorio como proyecto colectivo, sino que lo administra como mercancía. Y en ese proceso, no es solo la tierra lo que se entrega, sino el futuro mismo de su población.
El mundo que está naciendo no será más benigno ni más justo. Será más desigual, más violento y menos tolerante con quienes no logren adaptarse. En ese escenario, Uruguay no se prepara para resistir ni para transformarse. Avanza, casi sin advertirlo, hacia una forma de desaparición silenciosa, la de su pueblo como actor histórico. El territorio permanecerá, pero vaciado de sentido, administrado por intereses ajenos. Y el sistema global seguirá su marcha implacable, indiferente a los pueblos que queden en el camino.
Por Marcos Joel
