Desaparición de Julia Chuñil: informes periciales desmienten hallazgo de sangre en su vivienda
Un recurso de apelación contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, plantea que Labocar levantó, el 19 de diciembre, un pantalón supuestamente manchado con sangre desde la casa de la dirigenta mapuche. Sin embargo, pericias realizadas contradicen esa versión: “Esa afirmación entregada al Juez de Garantía de Los Lagos es falsa”.
Julia del Carmen Chuñil Catricura salió de su casa el 8 de noviembre de 2024 y no volvió a ser vista. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarla. Lo que comenzó como una desaparición angustiante se transformó en una investigación marcada por irregularidades, versiones contradictorias y una creciente sospecha de criminalización. El caso, que hoy tensiona a la Región de Los Ríos, ha estado en manos del Ministerio Público, primero dirigido por el fiscal Carlos Bahamondes y actualmente por su sucesor, Alejandro Ríos.
El 30 de enero de 2025, poco después de las dos de la tarde, Carabineros y personal de la Fiscalía irrumpieron en la vivienda de Huichaco Sur, sector rural de la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos. El operativo se dirigía al domicilio de Jeannette Troncoso Chuñil, una de las hijas de Julia, y contó con un amplio contingente del GOPE, SIP, Labocar y funcionarios del Ministerio Público. Mientras tanto, sus hermanos Pablo y Javier se encontraban en la llamada “casa de la recuperación”. Nadie en la familia imaginaba que ese día marcaría un nuevo punto de quiebre en una investigación que, más que entregar respuestas, parecía multiplicar las dudas.
Tras ese operativo, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un recurso de amparo interpuesto por los familiares de Julia Chuñil, quienes denunciaban la ilegalidad de la diligencia realizada en la casa de Jeannette. Ante esa resolución, parte de la defensa presentó un recurso de apelación, en el que se cuestiona uno de los principales argumentos utilizados por Fiscalía para justificar el procedimiento: el supuesto hallazgo de una prenda con sangre.
Los informes periciales del sitio del suceso y los análisis genéticos realizados tras la diligencia del 19 de diciembre no respaldan la existencia de sangre ni la presencia de ADN de Julia Chuñil en la prenda incautada.
“Esta afirmación entregada al Juez de Garantía de Los Lagos es falsa. Así lo confirman los informes periciales del sitio del suceso y genéticos que derivaron de dicha diligencia realizada el 19 de diciembre”, señala el recurso.
Para sustentar el allanamiento, el fiscal Bahamondes había solicitado autorización judicial por correo electrónico. En el punto octavo de su presentación ante el Juez de Garantía, sostuvo lo siguiente:
“Se hace presente que Labocar, el día 19 de diciembre, levantó desde la casa de Julia Chuñil un pantalón con sangre, el cual tendría ADN de Julia Chuñil, lo que se suma a la evidencia de ADN por levantamiento de rastros sanguíneos, encontrado en la casa de la toma”.
Pero según la apelación presentada por la defensa, esa afirmación no solo es errónea: es falsa. Los informes periciales del sitio del suceso y los análisis genéticos realizados tras la diligencia del 19 de diciembre no respaldan la existencia de sangre ni la presencia de ADN de Julia Chuñil en la prenda incautada.
A pesar de ello, esta supuesta evidencia fue utilizada por Fiscalía no solo para justificar el allanamiento, sino también para sostener una tesis incriminatoria que, de forma implícita, apuntaba a la propia familia como responsables de la desaparición de la defensora medioambiental. La acusación no quedó contenida en el expediente judicial. También fue replicada por medios de comunicación.
Interrogatorio bajo presión
El 30 de enero, mientras Pablo y Javier se encontraban en la casa de la recuperación de tierras indígenas, un operativo policial de gran escala se desplegó en la vivienda de Jeannette Troncoso Chuñil. Fue en ese contexto que Jeannette desapareció por varias horas. Su familia, sin tener información oficial, la buscó sin éxito.
Según su testimonio, al comienzo de la diligencia un funcionario del Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros), de apellido Arriagada, se le acercó y le pidió conversar unos minutos. Jeannette aceptó, sin saber que sería conducida a un furgón blanco, donde comenzó un interrogatorio informal pero intenso. Lo que pensó que sería una conversación breve terminó convirtiéndose en un episodio de hostigamiento que, según la defensa, vulneró gravemente sus derechos.
Durante el interrogatorio, Jeannette relata que fue presionada para que confesara un crimen que no cometió. La conversación, que ocurrió en presencia de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, escaló en tono e intensidad. Así lo relató en su declaración:
“Cuando su mamá se perdió, ustedes eran los únicos que estaban acá. Ustedes son los responsables. Diga la verdad, que su marido fue el que le hizo a su mamá. Porque adentro está la sangre, está todo, me dijo. Y usted no puede estar mintiendo. Y hoy sacamos a su mamá de acá”.
“Y yo le dije, ¿y cómo la van a sacar? Si hemos revisado tanto acá. Y le dije yo, vamos a encontrar ahora mismo. ¿Qué más va a pasar? No, me dijo. Hoy la sacamos, me dijo. ¿Y todavía usted está negando? Confiese, me dijo, el delito que hicieron. Confiese.”
La abogada Karina Riquelme, quien asumió la defensa de Pablo San Martín Chuñil en abril, señaló que al revisar los antecedentes del caso quedó en evidencia el temor de su representado a ser víctima de un montaje.
Y continúa:
“Y yo, tanto que me insistía y me insistía. Que yo confiese y que diga que nosotros. Y yo le dije, pero si mi mamá salió de acá. Mi mamá aquí no se ha perdido, le dije yo. Mi mamá salió con su amiga hacia allá adentro. Y yo la vi cuando iba para allá. No, me dijo que hay testigos. Hay testigos que dicen que su mamá nunca salió de acá. Que su mamá de aquí se perdió y de aquí no salió. Así que tienen que decir la verdad. Y ahí me estaba dele, dele, diciéndome que yo tenía que decir la verdad. Lo que quería decir, lo que quería que yo diga que era mi marido y yo. Y confiese, y confiese. Y como que de repente sacaba el arma. Y eso a mí me puso mal, empecé así a tiritar. Porque yo dije, me va a apuntar. De la funda. Sí, la sacaba, eso. Y me decía, diga la verdad, si tiene que decir la verdad. Y además aquí está la fiscal, me dijo. Y ella es mujer, la va a comprender. La va a, dígale a ella, téngale confianza. Eso me decía a ella, téngale confianza y cuéntale la verdad. Porque ella es mujer y la va a entender más que yo”.
“Ahí la fiscal le dice: ‘cuénteme, si usted quiere decirme algo y me tiene confianza, cuénteme a mí’. Ahí es la única vez que ella habla. ‘No’, le dije, ‘yo ya estoy diciendo todo lo que es. No tengo más que decir, estoy diciendo la verdad’. Bien. Sale Arriagada del auto y dice: ‘llévensela inmediatamente a Máfil’”.
La abogada Karina Riquelme, quien asumió la defensa de Pablo San Martín Chuñil en abril, señaló que al revisar los antecedentes del caso quedó en evidencia el temor de su representado a ser víctima de un montaje. A su juicio, los allanamientos y diligencias realizadas por Carabineros habían sobrepasado los límites de lo que, en su opinión y en la de la familia, debiera considerarse legalmente aceptable.
Para Riquelme, el propósito de los funcionarios era evidente: presionar a Jeannette para que se inculpara por la eventual muerte de su madre. Según explicó, durante el interrogatorio se le insistió en que ese mismo día encontrarían el cuerpo, y que ya existía evidencia de sangre en la vivienda, con el fin de forzar una confesión.
Por su parte, la abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Mariela Santana, declaró a Diario UChile que las denuncias presentadas por la defensa apuntan tanto a funcionarios de Carabineros como a la fiscal regional Tatiana Esquivel.
Según indicó, los hechos relatados configuran —a juicio de la organización— el delito de apremios ilegítimos en el contexto de uno de los allanamientos realizados contra la familia Chuñil. Santana detalló que Jeannette Troncoso fue amenazada, trasladada a la fuerza en un furgón policial, y que tanto su familia como su abogada desconocieron su paradero durante varias horas, mientras ella era objeto de intimidaciones por parte de efectivos policiales, todo ello en presencia de la fiscal. “Eso no puede volver a ocurrir”, concluyó.
INTERFERENCIA.
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