Tomado de la red.
Un Premio Nobel y 600 académicos israelíes rompen el silencio: la violencia de colonos israelíes en Cisjordania es terrorismo de Estado
Por Claudia Aranda | Pressenza
¿Qué hace falta para que el mundo llame a las cosas por su nombre? ¿Cuántas casas demolidas? ¿Cuántas escuelas clausuradas? ¿Cuántos palestinos muertos sin que nadie rinda cuentas? ¿Cuántas aldeas vaciadas hasta el silencio?
El 30 de marzo de 2026, más de 600 académicos israelíes —profesores universitarios, investigadores, intelectuales de las instituciones más prestigiosas de Israel, entre ellos un Premio Nobel— firmaron una petición que sacude los cimientos del discurso oficial israelí. No la firmaron desde Ginebra ni desde Washington. La firmaron desde adentro. Desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde el corazón mismo del Estado cuya conducta denuncian.
Lo que dijeron no es menor. Es devastador.
"Nuestro gobierno no solo no ha protegido a las comunidades palestinas, sino que ha habilitado a los responsables de la violencia."
Esa frase, pronunciada por académicos israelíes en suelo israelí, en plena guerra contra Irán, con el gobierno de Benjamin Netanyahu en estado de cruzada, no es una declaración de principios abstracta. Es un acto de coraje político que merece ser leído en toda su dimensión. Y en toda su consecuencia jurídica.
Porque lo que esos profesores describieron —sin usar el término, pero dibujándolo con precisión quirúrgica— es terrorismo de Estado.
La carta: lo que dijeron y lo que arriesgaron
El documento fue impulsado desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uno de sus organizadores, el Dr. Yiftah Elazar, docente de ciencia política con doctorado de Princeton, declaró a Haaretz que el deterioro de la situación ha llegado a un punto de urgencia inmediata. Sus palabras exactas: "Esto ha sido durante mucho tiempo una fuente de repugnancia moral e indignación para nosotros, pero ahora se ha convertido en una cuestión de urgencia inmediata."
La carta describe un patrón sostenido de ataques de colonos israelíes extremistas coordinados con el objetivo de erradicar la presencia palestina de zonas rurales de Cisjordania. Denuncia que las fuerzas policiales y militares israelíes han evitado intervenir y, en algunos casos, han colaborado directamente con los atacantes. Señala que no existen detenciones significativas. Que la impunidad persiste pese a la evidencia. Que decenas de palestinos han sido asesinados en este contexto por colonos israelíes armados.
Vincula todo esto con la política del gobierno Netanyahu: la expansión de asentamientos, la anexión de facto de Cisjordania, y las reformas judiciales que, al debilitar al poder judicial israelí, han reducido aún más la capacidad del Estado para investigar y sancionar estos crímenes.
Y concluye con una demanda de intervención internacional directa: proteger a las comunidades palestinas, reforzar la documentación de los abusos y aplicar sanciones contra individuos y entidades involucradas en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
¿Qué significa firmar este documento en Israel hoy? Significa arriesgar la carrera. Significa enfrentar el escarnio público de un gobierno que ha demostrado su disposición a criminalizar la disidencia. Significa ser señalado por ministros como Itamar Ben-Gvir —quien celebró con champán la aprobación de una ley que amplía la pena de muerte aplicable casi exclusivamente a prisioneros palestinos— y Bezalel Smotrich, quien en el funeral de un colono israelí muerto llamó abiertamente al "colapso" de la Autoridad Palestina y al control israelí total de Cisjordania. Significa pronunciarse en el mismo Israel que ha aprobado leyes para silenciar a las organizaciones que defienden derechos palestinos, que ha clasificado como "amenaza de seguridad nacional" a las ONG humanitarias internacionales y que demolió la sede de UNRWA en Jerusalén Este el 20 de enero de 2026 con bulldozers y fuerza policial, frente a las cámaras del mundo.
Esos 600 académicos israelíes sabían todo eso. Y firmaron de todas formas.
Simultáneamente, más de 2.000 artistas y figuras culturales israelíes hicieron lo mismo en una petición paralela exigiendo acción decisiva contra la violencia de colonos israelíes. Y más de 3.000 miembros de la diáspora judía mundial —incluyendo al ex ministro de Exteriores británico Malcolm Rifkind, junto a líderes religiosos, diplomáticos y académicos de Europa, América del Norte, África y Australia— enviaron una carta abierta al presidente israelí Isaac Herzog describiendo los ataques de colonos israelíes extremistas como una "abominación".
En Israel mismo, el ex primer ministro Ehud Olmert presentó públicamente su intención de recurrir a la Corte Penal Internacional en un intento de, en sus propias palabras, "salvar a palestinos e israelíes" de lo que describe como violencia de colonos israelíes respaldada por el Estado. Incluso el prominente analista político Amit Segal —una voz central en la conversación pública israelí y cercano al movimiento colono— dijo en cámara: "No hay duda de que esto es terrorismo."
Esas palabras, en ese país, en ese momento, son un terremoto.
Lo que está ocurriendo en Cisjordania: los hechos
Para entender por qué 600 académicos israelíes rompieron el silencio, hay que mirar lo que está ocurriendo sobre el terreno.
Desde que comenzó la guerra contra Irán en marzo de 2026, la violencia de colonos israelíes en Cisjordania ha escalado de manera sistemática. Human Rights Watch documentó que en solo 11 días, colonos israelíes armados —tres de ellos en uniforme militar— dispararon y mataron a cinco palestinos. La ONU reportó que entre el 1 de marzo y el 27 de ese mes, más de 150 ataques de colonos israelíes resultaron en víctimas o daños materiales en aproximadamente 90 comunidades: más de seis ataques diarios.
El dato más revelador lo entregó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) el 27 de marzo de 2026: en menos de tres meses, la violencia de colonos israelíes y las restricciones de acceso desplazaron a casi 1.700 palestinos, superando ya el total registrado durante todo 2025. Desde 2023, 38 comunidades palestinas han sido completamente vaciadas de su población.
No se trata de incidentes aislados. El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) correspondiente al período hasta octubre de 2025 documentó 1.732 incidentes de violencia de colonos israelíes con víctimas o daños materiales, un aumento respecto a los 1.400 del período anterior. En 2025, al menos 240 palestinos fueron asesinados, ya sea por colonos israelíes o por el ejército.
Los ataques perpetrados por colonos israelíes incluyen disparos con munición real contra civiles desarmados, quema de viviendas y vehículos, destrucción de cosechas de olivo, robo de ganado —en un caso documentado por OCHA, colonos israelíes robaron 150 ovejas tras golpear y atar a un pastor palestino—, profanación de tierras agrícolas, y grafitis en hebreo que dicen "muerte a los árabes". En una aldea de la región de Nablus, un sobreviviente palestino relató ante PBS News cómo veinte colonos israelíes atacaron a su familia entera: "Ataron a todos, excepto a una bebé de cuatro meses que dormía. A todos los golpearon, incluidos los niños."
El ejército israelí confirmó, en sus propias estadísticas internas, un aumento del 27% en los llamados "crímenes nacionalistas" en Cisjordania en 2025 respecto a 2024, con los incidentes graves aumentando más del 50%.
Y sin embargo: desde 2022, no se ha registrado ni una sola condena penal de un colono israelí por el asesinato de un civil palestino en Cisjordania. De 1.500 asesinatos documentados entre 2017 y septiembre de 2025, las autoridades israelíes abrieron 112 investigaciones. Una sola condena. Una.
¿Cómo se llama eso, si no es impunidad estructural de Estado?
Lo que destruye Israel: escuelas, hospitales, el derecho de existir
La violencia física de los colonos israelíes es solo una dimensión del patrón. La otra es la destrucción metódica de la infraestructura que hace posible la vida civil palestina, ejecutada directamente por el Estado israelí.
El 20 de enero de 2026, bulldozers israelíes demolieron la sede de UNRWA en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, mientras fuerzas de seguridad israelíes izaban una bandera israelí sobre las ruinas. El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la operación como una "entrada ilegal" a propiedad de Naciones Unidas. Días antes, el 12 de enero, fuerzas israelíes habían irrumpido en el Centro de Salud de Jerusalén operado por UNRWA y ordenado su cierre por 30 días, exigiendo además la retirada de los emblemas de la ONU.
El 27 y 28 de enero, Israel cortó el agua y la electricidad a múltiples instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este, afectando directamente escuelas, centros de salud y puntos de servicio para refugiados palestinos en campamentos de la ciudad. La legislación que autorizó estos cortes fue aprobada por la Knesset en diciembre de 2025.
En mayo de 2025, el Ministerio de Educación israelí, acompañado de efectivos policiales, cerró seis escuelas de UNRWA en Cisjordania, colgando órdenes de cierre en sus puertas y obligando a evacuar a estudiantes y docentes, privando de educación a más de 800 estudiantes. En octubre del mismo año, las fuerzas israelíes irrumpieron en la Escuela Secundaria de Kisan, al este de Belén, alegando que la emisión escolar había abordado la causa de los prisioneros palestinos.
En marzo de 2026, Israel notificó a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales que serían expulsadas de Gaza y Cisjordania por negarse a entregar al gobierno israelí listas completas de su personal, en lo que Human Rights Watch calificó como una politización de los requisitos humanitarios que amenaza con cortar la asistencia vital a la población civil palestina.
¿Qué se destruye cuando se demuela una escuela? ¿Qué se borra cuando se corta el agua a un hospital? ¿Qué se cancela cuando se expulsa a una familia de su hogar con una orden firmada por el Estado? Se destruye el futuro. Se borra la memoria. Se cancela la posibilidad misma de un pueblo de permanecer en su tierra. Y cuando esa destrucción es sistemática, planificada, legislada y ejecutada con impunidad, deja de ser daño colateral. Se convierte en política.
El marco jurídico: los crímenes que tienen nombre
Aquí es donde la petición de los 600 académicos israelíes adquiere su mayor peso político. Porque lo que describen no es solo moralmente insoportable. Es jurídicamente tipificable, en múltiples marcos normativos simultáneos.
La Corte Internacional de Justicia ya habló, con toda la autoridad del tribunal más importante del mundo, en julio de 2024. Su opinión consultiva es precisa y demoledora.
La CIJ estableció que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, así como el régimen asociado a ellos, han sido establecidos y mantenidos en violación del derecho internacional. Que las políticas de Israel —desalojos forzados, demoliciones masivas de viviendas, restricciones de residencia y movimiento, confiscaciones de tierra para reasignarlas a asentamientos israelíes— violan la prohibición de transferencia forzosa de la población protegida bajo el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra. Que las leyes israelíes implementan una separación entre palestinos y colonos israelíes en los territorios ocupados que viola el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid. Que Israel debe retirar a todos los colonos israelíes de los territorios ocupados, desmantelar las secciones del muro construido en Cisjordania, pagar reparaciones integrales y permitir el retorno de todos los palestinos desplazados desde 1967.
Y estableció algo aún más grave: que todos los demás Estados del mundo están legalmente obligados a no reconocer la ocupación israelí como legal y a no prestar ayuda ni asistencia para mantenerla.
El repertorio de violaciones tipificables es el siguiente:
Crímenes de guerra, bajo el derecho internacional humanitario: el asesinato deliberado de civiles, la destrucción de bienes protegidos —escuelas, hospitales, instalaciones de la ONU—, la transferencia forzosa de población civil, el uso excesivo de la fuerza, y la privación intencional de agua, electricidad y servicios básicos a la población bajo ocupación.
Crímenes contra la humanidad, bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: la persecución de una población civil por motivos étnicos o raciales, la deportación o el traslado forzoso de población, los actos de exterminio y los actos inhumanos de carácter similar cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Apartheid, bajo la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y el Estatuto de Roma: el mantenimiento de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. La CIJ ya estableció la separación discriminatoria entre palestinos y colonos israelíes; la Relatora Especial de la ONU y múltiples organizaciones de derechos humanos han concluido que el sistema en su conjunto constituye apartheid.
Transferencia forzosa de población, explícitamente prohibida por el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, codificada como crimen de guerra en Nuremberg y aplicada directamente por la CIJ a las prácticas israelíes en Cisjordania. La propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó en marzo de 2026 que el patrón de desplazamientos "parece indicar una política israelí concertada de transferencia forzosa masiva en todo el territorio ocupado, dirigida al desplazamiento permanente", generando preocupaciones de limpieza étnica. Desde 2023, 38 comunidades palestinas han sido completamente evacuadas.
Genocidio: la Comisión de Investigación de la ONU emitió en septiembre de 2025 un informe que concluye que Israel cometió genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia tiene abierto el caso presentado por Sudáfrica bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU señalaron en septiembre de 2025 que "la naturaleza colectiva y de amplio alcance del genocidio en curso se ha vuelto innegable."
Las consecuencias en un mundo que aplicara su propio derecho
¿Qué pasaría si el derecho internacional fuera aplicado con la misma energía con que fue redactado?
Netanyahu enfrentaría la ejecución de las órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esas órdenes siguen vigentes —la CPI rechazó en julio de 2025 el pedido israelí de retirarlas— y obligan a los 124 Estados parte del Estatuto de Roma a detenerlo si pisa su territorio. Lo mismo aplica para el ex ministro de Defensa Yoav Gallant.
Los ministros Smotrich y Ben-Gvir enfrentarían, además de los mecanismos de la CPI, sanciones individuales bajo los regímenes de derechos humanos de la Unión Europea y el Reino Unido, y eventualmente podrían ser procesados por incitación al genocidio, transferencia forzosa y crímenes de apartheid. Sus declaraciones públicas —Smotrich pidiendo la "demolición" de comunidades palestinas, Ben-Gvir celebrando la pena de muerte para prisioneros palestinos— forman ya parte del registro probatorio internacional.
Israel como Estado enfrentaría, en un mundo que aplicara sus propias normas: suspensión inmediata de todas las transferencias de armas, establecida como obligación por la Convención de Ginebra y reafirmada por la CIJ; embargo sobre el comercio con los asentamientos israelíes ilegales; suspensión de acuerdos de asociación preferencial con la Unión Europea; reparaciones integrales a la población palestina, incluyendo restitución de tierras y propiedades desde 1967, compensación económica y retorno de los desplazados; y cooperación obligatoria con las investigaciones de la CPI y los mecanismos de la ONU.
Y los Estados que continúen prestando apoyo a la ocupación israelí —vendiéndole armas, bloqueando resoluciones en el Consejo de Seguridad, manteniendo comercio preferencial con asentamientos israelíes— estarían, según la propia CIJ, en riesgo de convertirse en cómplices de actos internacionalmente ilícitos.
Lo que los académicos israelíes pusieron en palabras
Hay algo en esta carta que va más allá del catálogo de violaciones. Es el reconocimiento, desde adentro de Israel, de que la violencia de colonos israelíes no es un problema de "manzanas podridas". Es política de Estado.
Los expertos en derecho internacional son precisos en este punto. La académica Mais Qandeel, de la Universidad de Örebro, argumenta que sancionar a colonos israelíes individuales mientras el Estado continúa operando es un error de atribución jurídica: la responsabilidad es estatal, no individual. El Instituto Lieber de West Point recuerda que el artículo 43 del Reglamento de La Haya obliga a Israel, como potencia ocupante, no solo a abstenerse de la violencia sino a proteger activamente a la población ocupada y a no tolerar tal violencia por parte de ningún tercero.
Los expertos independientes de derechos humanos de la ONU lo expresaron con una claridad que pocas veces se escucha en el lenguaje diplomático: "La violencia masiva y los brutales ataques de colonos israelíes armados no pueden ser descartados como acciones de unos pocos funcionarios descarriados. Están siendo auxiliados y avalados por el Estado en todos sus niveles. Cada rama del Estado israelí —el Ejecutivo, el Parlamento y los Tribunales— ha fallado en restringir o remediar este abuso de poder."
¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cuando un colono israelí dispara contra un agricultor palestino en Cisjordania, el Estado de Israel tiene responsabilidad jurídica directa. Cuando ese colono no es procesado, la responsabilidad se profundiza. Cuando un ministro del gobierno celebra esa impunidad, la responsabilidad alcanza el nivel de complicidad activa. Y cuando el aparato legislativo construye el marco normativo que hace posible todo lo anterior —la ley que autorizó cortar el agua a UNRWA, la que amplió la pena de muerte para prisioneros palestinos, la que expulsa a las ONG humanitarias— estamos ante la definición operativa de terrorismo de Estado.
El mundo observa. La humanidad toma nota.
Hay un momento en la historia de todos los grandes crímenes del siglo XX en que el registro documental existía, los testigos habían hablado, los juristas habían tipificado los hechos, y sin embargo el mundo no actuó. Ese momento —el momento en que la impunidad se convirtió en norma— es el que las generaciones siguientes no han podido perdonarse.
Estamos, ahora mismo, en ese momento.
Seiscientos académicos israelíes, un Premio Nobel entre ellos, lo saben. Y por eso firmaron. Porque conocen el peso de esa firma. Porque saben que el silencio tiene un costo que la historia siempre cobra.
La pregunta que nos devuelven a todos —a los gobiernos, a las instituciones internacionales, a la prensa, a los ciudadanos del mundo que observamos— es simple y demoledora: si ni siquiera los intelectuales del propio Estado agresor pueden seguir callando, ¿qué estamos esperando los demás?
A Nobel Prize Winner and 600 Israeli Academics Break Their Silence: Israeli Settler Violence in the West Bank Is State Terrorism
By Claudia Aranda | Pressenza
What will it take for the world to call things by their name? How many houses demolished? How many schools shut down? How many Palestinians killed with no one held to account? How many villages emptied into silence?
On March 30, 2026, more than 600 Israeli academics — university professors, researchers, intellectuals from Israel's most prestigious institutions, among them a Nobel Prize winner — signed a petition that shakes the foundations of official Israeli discourse. They did not sign it from Geneva or Washington. They signed it from within. From the Hebrew University of Jerusalem. From the very heart of the State whose conduct they denounce.
What they said is not minor. It is devastating.
"Our government has not only failed to protect Palestinian communities, but has enabled those responsible for the violence."
That sentence, spoken by Israeli academics on Israeli soil, in the midst of a war against Iran, with Benjamin Netanyahu's government in a state of crusade, is not an abstract declaration of principles. It is an act of political courage that deserves to be read in its full dimension. And in all its legal consequence.
Because what those professors described — without using the term, but drawing it with surgical precision — is state terrorism.
The letter: what they said and what they risked
The document was driven from the Hebrew University of Jerusalem. One of its organizers, Dr. Yiftah Elazar, a political science lecturer with a doctorate from Princeton, told Haaretz that the deterioration of the situation had reached a point of immediate urgency. His exact words: "This has long been a source of moral disgust and outrage for us, but it has now become a matter of immediate urgency."
The letter describes a sustained pattern of coordinated attacks by extremist Israeli settlers aimed at eradicating the Palestinian presence from rural areas of the West Bank. It denounces the fact that Israeli police and military forces have refused to intervene and, in some cases, have collaborated directly with the attackers. It notes that there have been no significant arrests. That impunity persists despite the evidence. That dozens of Palestinians have been killed in this context by armed Israeli settlers.
It links all of this to Netanyahu's government policies: settlement expansion, the de facto annexation of the West Bank, and judicial reforms that, by weakening the Israeli judiciary, have further reduced the State's capacity to investigate and punish these crimes.
And it concludes with a demand for direct international intervention: to protect Palestinian communities, strengthen the documentation of abuses, and impose sanctions on individuals and entities involved in systematic human rights violations.
What does it mean to sign this document in Israel today? It means risking one's career. It means facing public condemnation from a government that has demonstrated its willingness to criminalize dissent. It means being targeted by ministers such as Itamar Ben-Gvir — who celebrated with champagne the passage of a law expanding the death penalty applicable almost exclusively to Palestinian prisoners — and Bezalel Smotrich, who at the funeral of a killed Israeli settler openly called for the "collapse" of the Palestinian Authority and total Israeli control of the West Bank. It means speaking out in the same Israel that has passed laws to silence organizations defending Palestinian rights, that has classified international humanitarian NGOs as "national security threats," and that on January 20, 2026, demolished UNRWA's headquarters in East Jerusalem with bulldozers and police forces, in front of the cameras of the world.
Those 600 Israeli academics knew all of that. And they signed anyway.
At the same time, more than 2,000 Israeli artists and cultural figures did the same in a parallel petition demanding decisive action against Israeli settler violence. And more than 3,000 members of the global Jewish diaspora — including former British Foreign Secretary Malcolm Rifkind, alongside religious leaders, diplomats and academics from Europe, North America, Africa and Australia — sent an open letter to Israeli President Isaac Herzog describing the attacks by extremist Israeli settlers as an "abomination."
Inside Israel itself, former Prime Minister Ehud Olmert publicly stated his intention to appeal to the International Criminal Court in an attempt to, in his own words, "save Palestinians and Israelis" from what he describes as Israeli settler violence backed by the State. Even prominent political analyst Amit Segal — a central voice in Israeli public discourse and close to the settler movement — said on camera: "There is no question that this is terrorism."
Those words, in that country, at that moment, are an earthquake.
What is happening in the West Bank: the facts
To understand why 600 Israeli academics broke their silence, one must look at what is happening on the ground.
Since the war against Iran began in March 2026, Israeli settler violence in the West Bank has escalated systematically. Human Rights Watch documented that in just 11 days, armed Israeli settlers — three of them in military uniform — shot and killed five Palestinians. The UN reported that between March 1 and March 27, more than 150 attacks by Israeli settlers resulted in casualties or property damage in approximately 90 communities: more than six attacks per day.
The most revealing figure came from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) on March 27, 2026: in less than three months, Israeli settler violence and access restrictions displaced nearly 1,700 Palestinians, already surpassing the total recorded throughout all of 2025. Since 2023, 38 Palestinian communities have been completely emptied of their populations.
These are not isolated incidents. The UN Human Rights Office (OHCHR) report covering the period through October 2025 documented 1,732 incidents of Israeli settler violence resulting in casualties or property damage, an increase from the 1,400 of the previous period. In 2025, at least 240 Palestinians were killed, either by Israeli settlers or by the army.
The attacks carried out by Israeli settlers include live-fire shootings against unarmed civilians, burning of homes and vehicles, destruction of olive harvests, theft of livestock — in one case documented by OCHA, Israeli settlers stole 150 sheep after beating and tying up a Palestinian shepherd —, desecration of agricultural land, and graffiti in Hebrew reading "death to Arabs." In a village in the Nablus region, a Palestinian survivor recounted to PBS News how twenty Israeli settlers attacked his entire family: "They tied everyone up, except a four-month-old baby girl who was asleep. They beat everyone, including the children."
The Israeli army confirmed, in its own internal statistics, a 27% increase in what it calls "nationalist crimes" in the West Bank in 2025 compared to 2024, with serious incidents rising by more than 50%.
And yet: since 2022, not a single Israeli settler has been criminally convicted for the murder of a Palestinian civilian in the West Bank. Of 1,500 killings documented between 2017 and September 2025, Israeli authorities opened 112 investigations. One conviction. One.
What do you call that, if not structural state impunity?
What Israel destroys: schools, hospitals, the right to exist
The physical violence of Israeli settlers is only one dimension of the pattern. The other is the methodical destruction of the infrastructure that makes Palestinian civilian life possible, carried out directly by the Israeli State.
On January 20, 2026, Israeli bulldozers demolished UNRWA's headquarters in the Sheikh Jarrah neighborhood of East Jerusalem, while Israeli security forces raised an Israeli flag over the ruins. UN Secretary-General António Guterres condemned the operation as an "unlawful entry" into United Nations property. Days earlier, on January 12, Israeli forces had stormed UNRWA's Jerusalem Health Centre and ordered it shut for 30 days, also demanding the removal of UN insignia.
On January 27 and 28, Israel cut water and electricity to multiple UNRWA facilities across East Jerusalem, directly affecting schools, health centers and service points for Palestinian refugees in the city's camps. The legislation authorizing these cuts was passed by the Knesset in December 2025.
In May 2025, the Israeli Ministry of Education, accompanied by police officers, closed six UNRWA schools in the West Bank, hanging closure orders on their doors and forcing students and teachers to evacuate, depriving more than 800 students of education. In October of the same year, Israeli forces raided Kisan Secondary School east of Bethlehem, alleging that the school's broadcast had addressed the cause of Palestinian prisoners.
In March 2026, Israel notified 37 international non-governmental organizations that they would be expelled from Gaza and the West Bank for refusing to hand the Israeli government complete lists of their staff, in what Human Rights Watch described as a politicization of humanitarian requirements threatening to cut off vital assistance to the Palestinian civilian population.
What is destroyed when a school is demolished? What is erased when water is cut from a hospital? What is cancelled when a family is expelled from its home by a State-issued order? The future is destroyed. Memory is erased. The very possibility of a people remaining on their land is cancelled. And when that destruction is systematic, planned, legislated and carried out with impunity, it ceases to be collateral damage. It becomes policy.
The legal framework: the crimes that have a name
This is where the petition of the 600 Israeli academics acquires its greatest political weight. Because what they describe is not only morally unbearable. It is legally actionable, under multiple normative frameworks simultaneously.
The International Court of Justice has already spoken, with the full authority of the world's highest tribunal, in July 2024. Its advisory opinion is precise and devastating.
The ICJ established that Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem, along with the regime associated with them, have been established and maintained in violation of international law. That Israel's policies — forced evictions, mass demolitions of homes, restrictions on residence and movement, confiscation of land for reallocation to Israeli settlements — violate the prohibition on the forcible transfer of the protected population under Article 49 of the Fourth Geneva Convention. That Israeli laws implement a separation between Palestinians and Israeli settlers in the occupied territories that violates Article 3 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which prohibits racial segregation and apartheid. That Israel must withdraw all Israeli settlers from the occupied territories, dismantle the sections of the wall built in the West Bank, pay full reparations and allow the return of all Palestinians displaced since 1967.
And it established something even more grave: that all other States in the world are legally obliged not to recognize the Israeli occupation as lawful and not to render aid or assistance in maintaining it.
The catalogue of legally actionable violations is as follows:
War crimes, under international humanitarian law: the deliberate killing of civilians, the destruction of protected property — schools, hospitals, UN facilities —, the forcible transfer of civilian populations, the excessive use of force, and the intentional deprivation of water, electricity and basic services to the population under occupation.
Crimes against humanity, under the Rome Statute of the International Criminal Court: the persecution of a civilian population on ethnic or racial grounds, deportation or forcible transfer of population, acts of extermination and other inhumane acts of a similar character committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population.
Apartheid, under the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid and the Rome Statute: the maintenance of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over another. The ICJ has already established the discriminatory separation between Palestinians and Israeli settlers; the UN Special Rapporteur and multiple human rights organizations have concluded that the system as a whole constitutes apartheid.
Forcible transfer of population, explicitly prohibited by Article 49 of the Fourth Geneva Convention, codified as a war crime at Nuremberg and applied directly by the ICJ to Israeli practices in the West Bank. The UN Human Rights Office concluded in March 2026 that the displacement pattern "appears to indicate a concerted Israeli policy of mass forcible transfer throughout the occupied territory, aimed at permanent displacement," raising concerns of ethnic cleansing. Since 2023, 38 Palestinian communities have been completely emptied.
Genocide: the UN Commission of Inquiry issued a report in September 2025 concluding that Israel committed genocide in Gaza. The International Court of Justice has the case filed by South Africa open under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The UN's independent human rights experts noted in September 2025 that "the collective and far-reaching nature of the ongoing genocide has become undeniable."
The consequences in a world that applied its own law
What would happen if international law were applied with the same energy with which it was written?
Netanyahu would face the execution of the arrest warrants issued by the International Criminal Court in November 2024 for war crimes and crimes against humanity. Those warrants remain in force — the ICC rejected Israel's request to withdraw them in July 2025 — and oblige the 124 States party to the Rome Statute to detain him if he sets foot on their territory. The same applies to former Defense Minister Yoav Gallant.
Ministers Smotrich and Ben-Gvir would face, in addition to ICC mechanisms, individual sanctions under the human rights regimes of the European Union and the United Kingdom, and could eventually be prosecuted for incitement to genocide, forcible transfer and crimes of apartheid. Their public statements — Smotrich calling for the "demolition" of Palestinian communities, Ben-Gvir celebrating the death penalty for Palestinian prisoners — are already part of the international evidentiary record.
Israel as a State would face, in a world that applied its own norms: immediate suspension of all arms transfers, established as an obligation by the Geneva Convention and reaffirmed by the ICJ; an embargo on trade with illegal Israeli settlements; suspension of preferential association agreements with the European Union; full reparations to the Palestinian population, including restitution of land and property since 1967, financial compensation and the return of the displaced; and mandatory cooperation with ICC investigations and UN mechanisms.
And the States that continue to support the Israeli occupation — selling it arms, blocking resolutions in the Security Council, maintaining preferential trade with Israeli settlements — would be, according to the ICJ itself, at risk of becoming complicit in internationally wrongful acts.
What the Israeli academics put into words
There is something in this letter that goes beyond the catalogue of violations. It is the acknowledgment, from within Israel, that Israeli settler violence is not a problem of "bad apples." It is State policy.
International law experts are precise on this point. Academic Mais Qandeel, from Örebro University, argues that sanctioning individual Israeli settlers while the State continues to operate is a mistake of legal attribution: the responsibility is that of the State, not of individuals. The Lieber Institute at West Point recalls that Article 43 of the Hague Regulations obliges Israel, as an occupying power, not only to refrain from violence but to actively protect the occupied population and to not tolerate such violence from any third party.
The UN's independent human rights experts expressed it with a clarity rarely heard in diplomatic language: "The forced mass displacement and brutal attacks by armed Israeli settlers cannot be dismissed as the actions of a few rogue officials. They are being aided and abetted by the State at every level. Every branch of the Israeli State — the Executive, the Parliament and the Courts — has failed to restrain or remedy this abuse of power."
What does that mean in practical terms? It means that when an Israeli settler shoots a Palestinian farmer in the West Bank, the State of Israel bears direct legal responsibility. When that settler is not prosecuted, the responsibility deepens. When a government minister celebrates that impunity, the responsibility reaches the level of active complicity. And when the legislative apparatus constructs the normative framework that makes all of the above possible — the law authorizing the cutting of water to UNRWA, the one expanding the death penalty for Palestinian prisoners, the one expelling humanitarian NGOs — we are looking at the operational definition of state terrorism.
The world watches. Humanity takes note.
There is a moment in the history of every great crime of the twentieth century when the documentary record existed, the witnesses had spoken, the jurists had classified the facts, and yet the world did not act. That moment — the moment when impunity became the norm — is the one that subsequent generations have never been able to forgive themselves for.
We are, right now, in that moment.
Six hundred Israeli academics, a Nobel Prize winner among them, know this. And that is why they signed. Because they understand the weight of that signature. Because they know that silence carries a cost that history always collects.
The question they return to all of us — to governments, to international institutions, to the press, to the citizens of the world who watch — is simple and devastating: if even the intellectuals of the aggressor State itself can no longer remain silent, what are the rest of us waiting for?